El Ministerio Público de Brasil pidió investigar un posible "presupuesto paralelo" del Gobierno de Jair Bolsonaro, que habría desviado 3.000 millones de reales (unos de 574 millones de dólares) de dinero público para destinarlo a su base aliada en el Congreso.
Lucas Furtado, fiscal general adjunto del Ministerio Público junto al Tribunal de Federal de Cuentas (TCU), consideró que hay indicios de que hubo "una inadecuada ejecución presupuestaria, supuestamente motivada por intereses políticos". Este esquema, según Furtado, podría constituir un "delito de responsabilidad" y conducir a un proceso de 'impeachment'.
El pasado fin de semana un reportaje publicado por O Estado de Sao Paulo, reveló que hubo "un flagrante manejo sin control del dinero", como muestran "más de 100 correspondencias enviadas por diputados y senadores al Ministerio de Desarrollo Regional indicando cómo preferían usar los recursos".
La mayor parte del dinero habría sido invertido en la compra de maquinaria agrícola por valores hasta tres veces superiores a los precios de referencia en el mercado.
Peticiones de destitución
Al ser preguntado, Bolsonaro ironizó sobre el asunto. "Ahora inventan que tengo un presupuesto paralelo. Yo tengo una reserva de leche condensada, tres millones de latas", comentó haciendo referencia a otra polémica de hace unos meses sobre los gastos del Gobierno.
El presidente afirmó que la polémica es una muestra de que los medios de comunicación "no tienen de qué hablar". "¿Cómo puede ser que los presupuestos fuesen aprobados y discutidos durante meses y ahora aparezcan 3.000 millones de reales?", cuestionó.
Bolsonaro acumula unas 70 peticiones de destitución impulsadas por distintos sectores políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, pero en su mayoría están relacionados con su gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 423.000 muertos en el país.
Según la ley de 'impeachment', si el mandatario, sus ministros, los magistrados del Supremo Tribunal Federal o el procurador general incurren en los "crímenes de responsabilidad", que atentan contra la Constitución y los poderes públicos establecidos, la pena contempla la salida del cargo y la inhabilitación política hasta por cinco años.