Este martes, cuando se cumplen casi dos semanas de protestas en Colombia, la Defensoría del Pueblo elevó a 42 el número de muertes en el contexto de las manifestaciones, 15 más que en el reporte anterior.
Según medios locales, el más reciente reporte de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo contabiliza, hasta ahora, un total de 42 homicidios (41 civiles y un policía), una cifra similar a la registrada por organizaciones de Derechos Humanos como Temblores, que ha notificado 40 muertes este martes.
El epicentro de las manifestaciones ha estado en Cali, en el suroccidente del país, donde también se han registrado el mayor número de decesos, heridos y ciudadanos reportados como desaparecidos. Desde el pasado 28 de abril, las jornadas de calle han estado marcadas por escenas de brutalidad policial, violencia, bloqueos de vías y la imposibilidad de un acercamiento de posiciones entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el Gobierno de Iván Duque.
Entretanto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) estima en 52 el número de muertes en el contexto de las protestas, y ha denunciado además que hay 435 personas reportadas como desaparecidas.
El lunes, la Fiscalía informó que había logrado la localización de 227 personas reportadas como desaparecidas, y desestimó la activación de 153 solicitudes de búsqueda urgente por considerar que no estaban suficientemente sustentadas. Sin embargo, hoy se confirmó que 168 ciudadanos aún no han sido ubicados.
En ese contexto de conflictividad, las autoridades colombianas han anunciado la habilitación de 182 corredores humanitarios en 26 departamentos para facilitar el tránsito de alimentos, vacunas, combustible y otros rubros de primera necesidad, cuya distribución había sido obstaculizada en los últimos días por los bloqueos de vías de los manifestantes.
Nueva convocatoria
Ayer, el primer acercamientos entre los representantes del Comité Nacional de Paro y el Gobierno de Iván Duque culminó con el fracaso de las negociaciones y el llamado a nuevas manifestaciones.
Para este miércoles se ha convocado a otra jornada de paro nacional, cuando se cumplirán dos semanas desde que los colombianos salieran a las calles para rechazar la reforma tributaria de Duque, quien finalmente la retiró del Congreso. El descontento popular también logró la renuncia del ministro de Hacienda y principal impulsor de la controversial legislación, Alberto Carrasquilla.
Pero el retiro de la propuesta no ha apaciguado las calles, especialmente por la represión de las autoridades, que ha sido ampliamente documentada en videos en redes sociales y rechazada por la comunidad internacional y organismos de defensa de derechos humanos.
Según los voceros del CNP, una de las razones del fracaso de las conversaciones con el Gobierno fue que "no hubo empatía" por parte de la administración de Duque con las peticiones que llevaron al paro nacional, como tampoco "con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes".
"Una de las básicas garantías que pedimos es que se respetara el derecho a la protesta pacífica y que se dieran garantías a la movilización", dijo Jennifer Pedraza, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, quien consideró que el presidente fue "complaciente" con el uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.
Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz y representante del Gobierno en los diálogos con el Comité de Paro, declaró el lunes por la tarde que hubo "una coincidencia en el mensaje de no violencia" y en el respeto al despliegue del plan nacional de vacunación, en medio de la pandemia de coronavirus.
¿Qué piden las partes?
Como primera medida, los manifestantes exigen la "desmilitarización del país" y el retiro del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de las protestas. Sin embargo, el Gobierno ha ordenado el "más amplio despliegue" de la fuerza pública para contener las movilizaciones, especialmente en Cali.
Además, entre otras solicitudes, piden el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, la vacunación para la población, el establecimiento de un salario mínimo legal vigente por seis meses para los más pobres, el impulso económico del país, la gratuidad de la educación para los estudiantes y la derogación del decreto que permite las aspersiones aéreas con glifosato.
Por parte del Gobierno se ha puesto sobre la mesa la propuesta de vacunación masiva, un plan de reactivación económica y desarrollo social, la estabilización de las finanzas públicas y la exención del cobro de matrícula para los estudiantes, pero con la condición de que cesen los actos de violencia dentro de las manifestaciones. El punto clave de este condicionamiento es que el Ejecutivo no ha condenado con la misma contundencia los excesos policiales y militares contra los manifestantes, que se evidencian en el creciente número de víctimas fatales.