Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España han comenzado la mañana de este jueves una operación contra la corrupción urbanística. Han sido detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, la hija de este y el empresario de la construcción Jaume Febrer, además de otras 10 personas.
Se investiga una red de cobro de comisiones a cambio tanto de adjudicaciones urbanísticas en suelo público como de adquisición de solares públicos a precio ventajoso. Las detenciones han tenido lugar de manera simultánea en diferentes ciudades del territorio español: Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha cesado esta misma mañana a Rubio y el Partido Socialista de esta región le ha suspendido de militancia.
Grau habría cobrado comisiones por valor de un millón de euros, mientras que Rubio se habría hecho con alrededor de 500.000 euros. Ambos habrían recibido las mordidas en efectivo o en especie, según los investigadores.
Segunda fase de la 'Operación Azud'
Las operaciones se habrían llevado a cabo a través de un bufete de abogados, propiedad del también detenido José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, del Partido Popular, Rita Barberá. Así, Corbín habría actuado de intermediario de esta red entre los años 2005 y 2015, periodo al que se circunscriben las investigaciones.
La UCO considera el eje de la trama, como corruptor, a Jaume Febrer, empresario propietario de Construcciones Valencia Constitución (CVC), empresa que fue disuelta judicialmente en 2013. El entramado de empresas creado por Ferrer participaba en las adjudicaciones con información privilegiada.
La operación iniciada esta mañana es la segunda fase de la 'Operación Azud', que comenzó en 2019 con una investigación de la Agencia Tributaria al bufete de Corbín y que se convirtió en una causa judicial en la que están siendo investigados la mujer de Corbín, hermana de Rita Barberá, así como sus tres hijas. Se les imputan delitos de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
