El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), está en el centro de la polémica en México porque hay versiones encontradas sobre si el político efectivamente perdió el fuero constitucional durante un juicio en el Congreso y, por lo tanto, podría ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita.
La FGR tiene una investigación abierta contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Como los gobernadores de México tienen fuero constitucional, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio político para retirarle la inmunidad y poder proceder penalmente contra el panista.
Controversia constitucional
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados, con el aval del oficialista Morena y sus aliados, aprobó por mayoría el desafuero del gobernador tamaulipeco por su probable responsabilidad "en el ilícito de defraudación fiscal equiparada".
La Constitución mexicana establece en el artículo 111 que la Cámara de Diputados tiene la facultad para declarar la procedencia del fuero contra un gobernador, pero únicamente será "para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda".
Asimismo, el Congreso de Tamaulipas se reunió horas después y votó un acuerdo que establecía que no procedía la declaración de la Cámara de Diputados y que no daba lugar a "retirar la protección o inmunidad procesal penal" del gobernador".
"El gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local, y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal", concluyó el Congreso estatal.
Mientras que desde el oficialismo afirmaron que García Cabeza de Vaca ya no contaba con fuero tras el juicio político en la Cámara de Diputados, el PAN respaldó la decisión del Congreso tamaulipeco y considera que se trató de una "acción propagandística para favorecer electoralmente" a Morena, de cara a los comicios intermedios del próximo 6 de junio.
Polémico debate
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no admitió la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no entrar al estudio del fondo de la controversia constitucional (...) bajo la consideración de que no existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso del Estado de Tamaulipas", destacó el Poder Legislativo estatal.
En ese mismo sentido se pronunció el abogado Javier Martínez Reyes, quien explicó que al no admitir la controversia constitucional, el ministro González Alcántara Carrancá respetó la determinación del Congreso de Tamaulipas de no "homologar" la declaratoria de desafuero de la Cámara de Diputados.
"El Congreso de Tamaulipas decidió no homologar la declaratoria. El gobernador sí podrá ser procesado, en su caso, pero cuando acabe su mandato", explicó Martínez Reyes en su cuenta de Twitter.
Este lunes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que existe un "vacío legal" sobre el proceso. "Hay una laguna legal ahí que me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera interpretado", dijo la funcionaria.
No obstante, Sánchez Cordero declaró a medios locales que, a su juicio, García Cabeza de Vaca ya "no tiene fuero".
Por su parte, el gobernador tamaulipeco destacó el pasado viernes que el hecho de que el ministro no admitiese ninguna controversia constitucional implicaba que la decisión sobre el desafuero, "corresponde en definitiva y última instancia" al Congreso estatal.
Investigación
Desde agosto de 2020, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra García Cabeza de Vaca por su presunta participación en operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Además, las autoridades investigan al gobernador tamaulipeco por defraudación fiscal equiparada, al ocultar la venta de un departamento por el que recibió unos 42 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares).
Por otra parte, el Departamento de Justicia de EE.UU. habría entregado pruebas a la Fiscalía mexicana sobre García Cabeza de Vaca y algunos miembros de su familia. De acuerdo con Animal Político, las autoridades estadounidenses detectaron "diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas".