Venezuela informó este martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la reestructuración de dos cuerpos de inteligencia del país, que se inició a partir de los requerimientos solicitados por ese tribunal el 2 de octubre de 2020.
La información fue confirmada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien publicó el comunicado emitido por el Ministerio Público (MP) sobre el envío del cuarto informe actualizado a la CPI, en el que se "hace un relato más extenso sobre algunas causas denominadas como 'emblemáticas' y sus avances procesales".
En el texto, el Estado venezolano detalla los avances realizados "en materia legislativa y en la renovación de instituciones" para cumplir con "el compromiso adquirido en el primer informe", dando respuesta sobre la actuación de algunos funcionarios venezolanos que estarían involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad.
"En esta ocasión se documentan dos importantes cambios que afectan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), relativos a la nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración", reza el documento en el que la Fiscalía venezolana se compromete a seguir proporcionando a la CPI "todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela efectiva" para la ciudadanía.
El proceso de reestructuración del SEBIN y la DGCIM quedó plasmado en el Decreto Presidencial Nº 4.610, publicado en Gaceta Oficial N° 42.125, de fecha 12 de mayo de 2021, que ordena a ambos cuerpos "transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad" en un plazo de 30 días.
No obstante, Saab alertó que el Estado venezolano trabaja "completamente a ciegas" en cuanto a la información oficial que maneja la Fiscalía de la CPI sobre los avances del examen preliminar.
A pesar de esto, el fiscal venezolano expresó su "profundo respeto" hacia la CPI y, en ese sentido, manifestó su deseo de que el Estado venezolano reciba un trato "justo e igualitario".