El Gobierno de EE.UU. anunció este viernes que dejará de financiar al Gobierno de El Salvador, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), ante la falta de transparencia y rendición de cuentas.
La directora de USAID, Samantha Power, expresó "profunda preocupación" por las recientes acciones tomadas por el Gobierno de Nayib Bukele, en relación a la decisión de la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— de usar sus facultades constitucionales para destituir a cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General.
Además, Power explicó que este anuncio también consideró otras "preocupaciones mayores en materia de transparencia y rendición de cuentas" en el país centroamericano, según un comunicado de prensa publicado por USAID.
En respuesta a estas acciones, USAID informó que retirará la asistencia que otorgaba a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador.
"Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones", agregó USAID.
Respuesta de Bukele
Tras el anuncio de USAID, Bukele respondió en su cuenta de Twitter que su Gobierno no financiaría a las organizaciones de la sociedad civil. Además, el mandatario ironizó que "el nombre ONG ya estaba muy desprestigiado".
"Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades", tuiteó Bukele.
Destitución de jueces y fiscal
El pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por diputados afines a Bukele, destituyó a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional, una de las cuatro instancias que forman la Corte Suprema, y al fiscal general, Raúl Melara, quien ya había sido criticado por el presidente salvadoreño por sus supuestos vínculos con el partido opositor Arena.
Esta serie de acciones fueron calificadas por opositores salvadoreños como un "golpe" o "autogolpe" de Estado.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watchs advirtieron que lo ocurrido era una violación a la independencia de poderes en el país centroamericano.
El Gobierno de Joe Biden respondió de inmediato a estas acciones, expresando su preocupación por la "democracia" en El Salvador.
"Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", escribió la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, en su cuenta de Twitter.