La protesta de estudiantes normalistas en México que terminó con 93 detenciones y denuncias de abusos sexuales

Cientos de jóvenes que estudian para convertirse en maestros de educación básica de las zonas más pobres de México salieron a protestar para exigir exámenes de ingreso presenciales, ya que en su mayoría son indígenas y carecen de computadoras e internet. Pero la respuesta que encontraron fue a pura represión.

La manifestación se realizó el martes pasado en Chiapas, un estado ubicado en el sureste del país, pero derivó en un problema político que ya ha valido reclamos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque las fuerzas de Seguridad hicieron uso desproporcionado de la fuerza y detuvieron a 93 estudiantes, en su mayoría mujeres que denunciaron que fueron abusadas sexualmente por los policías.

El domingo, en medio de un clima de creciente indignación, las 74 estudiantes detenidas obtuvieron la libertad condicional, pero aun así seguirán procesadas e investigadas. Además, todavía están detenidos 19 varones que mañana tendrán una audiencia para ver si logran salir del penal, al igual que sus compañeras.

La represión policial contra los estudiantes normalistas en México es una constante, pero en los últimos años la preocupación se acentuó a raíz de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, en Guerrero, un caso que generó una conmoción mundial.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explicó que unos 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá, en Chiapas, fueron desalojados violentamente por la policía estatal cuando se encontraban protestando en una caseta de cobro.

Las y los jóvenes exigían la publicación de la convocatoria de ingreso y que el examen para poder estudiar se realice en su modalidad presencial y no virtual, como se pretendía hacer debido a la pandemia de coronavirus.

Reclamos

El problema es que, en todo el país, los normalistas rurales suelen provenir de comunidades indígenas y carecen de recursos tecnológicos y corren el riesgo de quedarse sin inscripción.

Pero de nada valieron sus reclamos. Policías estatales los desalojaron de la caseta y se llevaron a un centenar a un penal ubicado en Zintalapa, Chiapas.

"Testimonios de los estudiantes establecen que las normalistas fueron acosadas y agredidas sexualmente por policías que las sometieron y tuvieron bajo custodia", denunció el Tlachinollan, que es una respetada organización de derechos humanos.

Agregó que son particularmente graves las detenciones masivas contra estudiantes que exigen el cumplimiento de demandas estrictamente académicas.

"No se puede judicializar y penalizar la exigencia de un derecho humano con el pretexto que se protege otro. En lugar de privilegiar el diálogo las autoridades estatales y federales se han obstinado por reprimirlos y encarcelarlos. De tratarlos como delincuentes y diezmar su lucha para dar el golpe final, de cerrar la normal de Mactumactza", denunció.

También advirtió que el Gobierno local "ha focalizado su poder represivo contra los estudiantes pobres, mayoritariamente indígenas, que han encontrado en esta normal la única opción para acceder a la carrera magisterial", por lo que, además de incumplir con sus demandas básicas, "criminalizan su movimiento y les truncan las posibilidades de romper con el segregacionismo racial y la exclusión social que prevalecen en las élites políticas y económicas de Chiapas".

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En pie de lucha

Tanto Tlachinollan como otras organizaciones de derechos humanos y familiares de los estudiantes detenidos se movilizaron durante toda la semana para exigir su liberación y que se investigue a los policías que incurrieron en agresiones particularmente contra las jóvenes (tocamientos inapropiados, golpes e intimidaciones) y que, en general, cometieron excesos en el uso de la fuerza.

Pero fueron todavía más allá al precisar que este no es un caso aislado y advertir que se deben solucionar las demandas educativas de Mactumactzá y terminar con las represiones aquí y en todas las escuelas normales del país.

Las manifestaciones en pos de su liberación fueron en aumento e incluso se sumaron estudiantes de Ayotzinapa y miembros de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se plantaron con otros cientos de activistas afuera del penal en donde estaban recluidos los normalistas, a quienes consideran presos políticos.

La presión aumentó cuando la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció públicamente al hacer un llamado a indagar posibles abusos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cecilia González

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