El Tribunal Supremo de España se ha opuesto a conceder cualquier tipo de indulto, total o parcial, a los doce líderes independentistas catalanes condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia por el proceso soberanista catalán que se llevó a cabo en 2017 y que culminó con la celebración de un referéndum de autodeterminación ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia.
La Sala de lo Penal de esta institución ha recogido su postura en un informe que es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno de España. En él rechaza la concesión de la medida de gracia al considerar que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados los 12 líderes políticos y sociales y que no hay prueba o indicio de arrepentimiento.
Los magistrados señalan asimismo que los argumentos de las diversas peticiones de indultos que se han realizado desenfocan el sentido del indulto al dibujar una responsabilidad penal colectiva y que pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Tribunal Supremo y no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.
La potestad de conceder indultos corresponde al Ejecutivo nacional. Actualmente esta cuestión está encima de la mesa del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, que tiene previsto resolver el asunto en verano, una vez estudiados los informes tanto del Supremo, como de la Fiscalía, ambos contrarios a que se apruebe la medida.
Un duro informe
En el informe, redactado como ponente por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se sostiene que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos".
También afirma que los penados "no comparten ni se identifican con los valores sociales hegemónicos" y define el proceso soberanista como la "engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores".
Refiere asimismo que de los mensajes transmitidos por los condenados se extrae "su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática". Así, Marchena sostiene que estas declaraciones expresan "una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales".