El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que deje sin efecto las restricciones y el toque de queda impuestos por los gobernadores de los estados de Paraná, Pernambuco y Río Grande del Norte, como medidas de contención ante la grave situación causada por la pandemia.
El estado de Paraná ocupa el tercer lugar de casos acumulados en el país, con 1.079.255 contagios y 25.966 muertes. Por su parte, Pernambuco alcanza 452.590 personas contagiadas y 15.595 fallecidas, mientras que Río Grande del Norte tiene 264.415 contagiados y 6.049 fallecidos por causa de esta enfermedad.
El mandatario interpuso ante el STF una acción directa de inconstitucionalidad por las medidas de confinamiento obligatorio establecidas por estas autoridades regionales para restringir la circulación ante el aumento de casos de coronavirus, a través de la Oficina de Abogacía del Estado o Procuraduría (organismo que defiende al Ejecutivo en procesos judiciales).
Según la petición, que fue firmada por el fiscal general de la Unión, André Mendonça, con este recurso interpuesto por la Presidencia se busca asegurar la "convivencia de garantías y de derechos fundamentales de los ciudadanos", como el libre tránsito y los derechos al trabajo y a la subsistencia, a la vida y a la salud "mediante la aplicación de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, democracia y Estado de derecho".
Bolsonaro se ha mostrado reacio a establecer protocolos sanitarios y tomar resoluciones para evitar el avance de los contagios de coronavirus en pro del restablecimiento de la actividad económica. En el país se registraron 67.467 casos en las últimas 24 horas, para un total de 16.342.162 contagios, y 2.245 muertes, lo que suma 456.674 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
El pasado domingo, el mandatario participó sin mascarilla en una polémica caravana de motociclistas en la ciudad de Río de Janeiro, donde hubo aglomeraciones, a pesar de que están prohibidos los actos públicos hasta finales de este mes.
Ya en marzo de este año, el presidente brasileño, que acumula más de cien solicitudes de juicio político desde que comenzó su mandato en 2019, había interpuesto un recurso de este tipo contra varios decretos de los gobiernos federales de Bahía, Río Grande del Sur y el Distrito Federal de Brasilia, donde se establecieron toques de queda para evitar la propagación del covid-19.