El municipio de Facatativá, ubicado a 36 kilómetros de Bogotá, se ha convertido en otro de los epicentros de la represión policial y los bloqueos viales por parte de manifestantes que llevan más de un mes de protestas en Colombia.
Este lunes, los medios locales reportan que hay algunas calles que siguen bloqueadas y las protestas persisten, aunque con menor intensidad que durante la madrugada del domingo, cuando supuestos manifestantes habrían incendiado y saqueado un edificio público en el que funcionan varias oficinas de la municipalidad.
La alcaldía local emitió un comunicado para rechazar la acción contra el edificio y recordar que desde esa instancia se apoya "la manifestación pacífica y sus razones y motivos en el marco del paro nacional", sin embargo, destacaron que los actos perpetrados el domingo "no involucraron una confrontación directa con la fuerza pública".
Polémica militarización
Durante el fin de semana, tras la quema de una estación de policía, se ordenó el despliegue militar y de la fuerza pública en esa zona, especialmente con la acción de los agentes del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, esa decisión solo hizo que escalara el conflicto.
"Determinamos estas acciones para lograr el desbloqueo de vías en estos municipios, obviamente garantizando los derechos humanos de las personas que protestan pacíficamente", aseguró Leonardo Rojas, secretario de Gobierno de Cundinamarca, citado por Blu Radio.
Atención: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.
No obstante, en redes sociales circularon videos que mostraban la represión ejercida por los agentes del Estado, así como los choques entre la fuerza pública y los manifestantes, muchos de los cuales respondían con palos y piedras a la acción de los uniformados.
Una de las grabaciones que más se difundió fue el momento en que agentes del ESMAD golpeaban a un manifestante, quien aparentemente quedaba inconsciente en el asfalto. Tras las impactantes imágenes, el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana Dimas, confirmó que el joven había sido atendido y se encontraba en condición estable.
"Ese ciudadano ya está siendo llevado ahorita al hospital San Rafael por Defensa Civil y también acompañado por derechos humanos, y en este momento se encuentra clínicamente estable, está consciente y está despierto", dijo Aldana.
El edil aseguró que los agentes del ESMAD solo se concentrarían en una zona particular del municipio, considerada la de mayor conflicto, al tiempo que anunció la instalación de una comisión de diálogo "de cuatro o cinco personas", que trataría de entablar una conversación con los líderes de la protesta en esa localidad.
El objetivo, aseguró el alcalde, es "evitar la confrontación" y desescalar la violencia. Pero las críticas a la actuación policial y sus acciones en zonas residenciales no han hecho más que atizar los ánimos. La noche del domingo, varias transmisiones en vivo mostraron cómo el ESMAD lanzaba gases lacrimógenos en zonas residenciales de Facatativá que afectaron especialmente a niños.
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Además, abundan las grabaciones que muestran la actuación desmedida de funcionarios policiales, que arremeten con violencia contra los manifestantes en zonas populares, como el Barrio Cartagenita, dejan a varios heridos y arrestan a personas, en medio de la indignación de los que documentan en video las agresiones.
La víspera, el propio alcalde Aldana rechazó la intervención de ese escuadrón antidisturbios en las zonas populares y envió un mensaje de advertencia al Gobierno Nacional: "Cuando el ESMAD entra a los barrios, esos daños colaterales que produce sobre espectadores inocentes, niños y adultos mayores es lo que ha llevado hoy al caos en la ciudad", dijo citado por el diario El Tiempo.
Según el balance de las autoridades locales, hasta la noche del domingo se reportaban 19 pacientes con politraumatismo, de los cuales la mitad ya estarían de vuelta en sus casas.
Además de los ataques de la fuerza pública contra los manifestantes, se reportó el incendio de camiones en la vía que comunica al municipio con el Occidente de Bogotá, como parte de las protestas.
Este lunes, el Mayor General Juan Alberto Libreros Morales, de la Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, reportó la restitución del tránsito vehicular en el sector Villa Alba, de Facatativá, y mostró las labores de desbloqueo de las vías de circulación.
Sin embargo, las acciones represivas de las autoridades continúan. En videos compartidos la mañana de este lunes, se denuncia el lanzamiento de gases lacrimógenos directamente a las zonas residenciales donde se encuentran niños, y la detención arbitraria de manifestantes por parte de agentes de la policía.
Rechazo de la oposición
Desde los sectores de la oposición han cuestionado la acción de la fuerza pública contra la población de Facatativá y los manifestantes, por lo que han sugerido el retiro del ESMAD para facilitar el diálogo y la conciliación.
"Se esta viendo un verdadero alzamiento popular en el occidente de la Sabana de Bogotá solo por la soberbia de querer reprimir por reprimir", escribió el opositor Gustavo Petro.
Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido de los Comunes, clamó por un "diálogo definitivo" para atender la situación que se vive en todo el país, tras las "fuertes represiones" de la fuerza pública.
"En Facatativá se presentan fuertes represiones por parte del ESMAD a la sociedad civil, ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más necesitan para frenar estas masacres? ¡Queremos un diálogo definitivo para la crisis humanitaria que viva el país!", escribió.
Hasta ahora, el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro no ha logrado mayor avance, salvo la renuncia del cuestionado alto comisionado para la Paz Miguel Ceballos, quien se separó del cargo para postularse a la Presidencia.
Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su "extrema preocupación" por la situación en el país y ha solicitado la autorización a la administración de Iván Duque para verificar la situación en el país, donde ya se contabilizan al menos 43 homicidios, presuntamente a manos de la fuerza pública, más de 1.400 detenciones arbitrarias, 1.133 víctimas de violencia física y 47 víctimas de agresiones oculares, de acuerdo al más reciente conteo de la ONG Temblores.
Nazareth Balbás
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