Los tres nombres que podrían cambiar la historia sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán en Colombia (pero 31 años después)

Dos generales en retiro y un exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son las tres nuevas figuras acusadas por la Fiscalía de Colombia por su presunta participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que tenía todas las chances de ganar las elecciones de 1990, pero fue asesinado el 18 de agosto de 1990.

Los señalados son el exsubcomandante de la Policía de Cundinamarca Argemiro Serna Arias; el exdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) Óscar Peláez Carmona, y el exdetective Héctor Ernesto Muñoz Hortúa. Según la Fiscalía, los exfuncionarios serían "presuntos responsables de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio".

Las nuevas imputaciones reafirman que el asesinato del político no fue obra exclusiva de los capos del narcotráfico, que tenían bajo amenaza a Galán, sino que habría contado con la anuencia de los cuerpos de seguridad e investigación del Estado.

¿Quiénes son los acusados?

De acuerdo al Ministerio Público, Serna Arias tenía la obligación de coordinar el dispositivo para garantizar la seguridad de Galán y la de los asistentes al mitin político en Soacha (Cundinamarca), donde ocurrió su asesinato.

Sin embargo, el entonces teniente coronel "no acató la instrucción" de su comandante para desplegar el operativo de resguardo, ni actuó "para que se pusieran en marcha las medidas de seguridad necesarias", a pesar de que contaba con todos los recursos para hacerlo.

Por el contrario, el exsubcomandante de la Policía de Cundinamarca habría ordenado el retiro de un grupo de contraguerrilla de 14 hombres antes de que el candidato llegara a Soacha, "pese a que su presencia era de vital importancia para custodiar el lugar".

Entretanto, la Fiscalía determinó que Peláez Carmona –quien estaba a cargo del DIJIN– no solo "intentó desviar la investigación por el magnicidio" de Galán sino que impulsó "un operativo de captura contra varias personas que, años después, fueron declaradas inocentes".

Peláez Carmona no habría actuado solo. Según el ente acusatorio, el exdirector del departamento de la Policía Nacional habría contado con el apoyo del exdirector del DAS, Alfredo Maza Márquez, en una trama de encubrimiento que pretendía distraer al aparato de justicia "en una causa que no era verídica" para proteger "a los verdaderos responsables del homicidio".

El tercero de los acusados es Héctor Ernesto Muñoz Hortúa, un exdetective del DAS, quien es señalado de haber sido parte del plan criminal atribuido al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', para asesinar al líder político del Nuevo Liberalismo.

De acuerdo al Ministerio Público, antes y después del hecho criminal, Muñoz Hortúa habría ventilado detalles desconocidos "como el cambio de escoltas del dirigente político, la participación de agentes del Estado y otros aspectos".

¿Cómo mataron a Galán?

El 18 de agosto de 1989, Galán Sarmiento se montó en una pequeña tarima en Soacha para dar un discurso ante la multitud que se reunió en el lugar para manifestarle su apoyo. Según las encuestas, el candidato liberal tenía más de 70 % de intención electoral en un año terrible, que había estado marcado por la violencia del narcoterrorismo.

El político liberal, que creía firmemente en el combate contra el narcotráfico, sabía que estaba en la mira de los capos de la droga como Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, los líderes del temible cártel de Medellín, que cinco años antes habían sido responsables del asesinato de su amigo, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

"Soy quizás el escoltado más antiguo de Colombia. Tengo esquema de seguridad desde el año 70 y escolta de carácter permanente desde 1981", decía con frecuenta para ahuyentar el miedo de que la mafia lo iba a matar. Ese día, sin embargo, su confianza en las fuerzas de seguridad del Estado lo traicionó.

A los 15 minutos de haber empezado su discurso, una ráfaga de disparos lo alcanzó. El cuerpo de Galán quedó tendido en la pequeña tarima, donde no cabía ni la mitad de los agentes que debían estar destinados a su cuidado. Aunque fue llevado al hospital, moriría esa misma noche.

Los cabos sueltos

Las más recientes investigaciones de la Fiscalía vuelven a confirmar una verdad a voces sobre el asesinato de Galán: la negligencia deliberada de las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a uno de los políticos más amenazados del país (con más chances de llegar a la presidencia) y la colaboración de la institucionalidad con el paramilitarismo.

Aunque en 1997 se condenó por el magnicidio al fallecido paramilitar John Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', lugarteniente de Pablo Escobar, el proceso judicial ha arrojado a más responsables de ese hecho. Uno de ellos es el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Maza Márquez, quien habría contribuido a debilitar la seguridad de Galán el día de su asesinato, siguiendo instrucciones de Henry de Jesús Pérez Durán, un criminal de las Autodefensas del Magdalena Medio, bajo las órdenes del cártel de Medellín.

Maza Márquez cumple condena de 30 años de cárcel en Bogotá, dictada en 2016, y ha tratado –infructuosamente– de acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), alegando que tiene información privilegiada que vincula a altos mandos del Ejército con el crimen contra Galán y el encubrimiento de los responsables. A él se le atribuye la responsabilidad en el cambio de escoltas del político liberal, un hecho clave en el magnicidio.

Otro de los procesados es el político Alberto Santofimio Botero, quien purga una condena de 24 años de prisión, señalado de haber instigado a Pablo Escobar para que asesinara a Galán. Santofimio era senador por esa época, frecuentaba al capo del Cártel de Medellín y recibía pagos de hasta 500.000 dólares, según el testimonio que ofreció 'Popeye' antes de su muerte.

Manuel Antonio González, también directivo del DAS, recibió una pena de 22 años de cárcel, señalado de haber descuidado la seguridad del candidato asesinado y avalar "el irregular nombramiento de Jacobo Torregrosa", el jefe de escoltas de Galán que fue cambiado a última hora por Maza Márquez para "debilitar" la protección del político y "hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida", se lee en la sentencia.

El hijo y la viuda de Pablo Escobar van a juicio por presunto 'narcolavado'

Torregrosa es, sin embargo, uno de los cabos sueltos más significativos del caso. A pesar de su inexperiencia como policía (y hasta un antecedente por narcotráfico), en 1989 fue nombrado jefe de escoltas del hombre más amenazado de Colombia y encargado del inexistente operativo para su protección que facilitó su asesinato.

"Está claro que Torregrosa no cumplió su función esa noche en Soacha. No estuvo cerca a Luis Carlos, apareció cuando personas cercanas a la campaña y algunos de los escoltas intentaban subirlo al automóvil", declaró la viuda de Galán en 2016. 

Desde 1990, el policía se encuentra "desaparecido", nunca fue procesado y su cédula de identidad fue cancelada por el Registro Civil en el año 2000. Aunque han pasado más de tres décadas, los hallazgos sobre el caso Galán continúan porque el caso, al ser de lesa humanidad, es imprescriptible. Y la verdad, hasta ahora, sigue estando inconclusa.

Nazareth Balbás