Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año. Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.
De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por "civiles" sin identificar.
"Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas", precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida, sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones" que se ha registrado.
Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH, que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.
El conteo de esa organización sobre la violencia homicida difiere del que registra la ONG Temblores, que a la fecha da cuenta de 45 asesinatos presuntamente perpetrados por agentes de la fuerza pública. La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 "no están relacionadas directamente con las protestas".
"Ausencia de claridad"
Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.
"Del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social", precisa el informe.
Entre los agredidos están 151 defensores de derechos humanos, a pesar de estar plenamente identificados y ejerciendo labores en comisiones de verificación e intervención; 491 mujeres víctimas de violencia policiales –dos de ellas asesinadas presuntamente por la fuerza pública–, y 87 que sufrieron abusos basados en género (acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas y hostigamientos).
La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder; y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.
Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía "demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada".
Temblores, por su parte, registra un total de 3.789 casos de violencia policial, que incluyen 1.248 víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 705 intervenciones en el marco de las protestas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 por armas de fuego, 25 personas agredidas sexualmente y otras seis que padecieron violencia basada en género.
En diálogo con RT, Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Educadores, consideró que lo que ha hecho el Gobierno ha sido "declararle la guerra" al Paro Nacional, permitiendo el abuso de la fuerza pública y la acción de civiles armados contra las protestas, en paralelo con la "estigmatización" de los manifestantes.
"El Gobierno nacional hoy no quiere negociar, hoy no quiere buscarle salidas a toda esta problemática. Lo único que quiere es estigmatizar, seguir la barbarie, seguir los asesinatos, continuar con las masacres que hoy está realizando a lo largo y ancho del territorio colombiano. No le interesa el diálogo, la concertación", recalcó Alarcón.
¿Violencia sistemática?
Para las organizaciones sociales que han documentado, registrado y denunciado los hechos de violencia contra los manifestantes, hay un patrón innegable de sistematicidad en las agresiones perpetradas por la fuerza pública. Un hecho que, aunado a la participación de "civiles" armados junto a la policía, representa un peligro para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta en Colombia.
"Ante el aumento y la sistematicidad de la violencia policial, exigimos que el gobierno se pronuncie de manera contundente frente a los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública. También, esperamos un pronunciamiento rechazando el hecho de que haya civiles con armas de fuego disparando a quienes se manifiestan", escribió la plataforma Temblores.
Sin embargo, Duque niega que la actuación desproporcionada de los agentes policiales y militares contra manifestantes sea sistemática. A principios de esta semana, el mandatario aseguró que los excesos son "una minoría de hechos".
"Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos", declaró Duque en entrevista con el diario El País, tras aseverar que las denuncias "se han investigado y sancionado".
"La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia", comentó a ese mismo medio. Y aseguró que no quedará ni un solo caso "sin investigar" porque su país "tiene instituciones independientes".