¿Son o no presos políticos? ¿Merecen indulto?: El dilema en Chile alrededor de 2.500 personas detenidas durante el estallido social de 2019
Los llaman "los presos de la revuelta". Son alrededor de 2.500 personas que están detenidas en Chile, entre ellas menores de edad, a la espera de un juicio. Los acusan de vandalismo, incendios y atentados a la propiedad privada durante las históricas protestas sociales de 2019.
Desde la oposición aseguran que, en realidad, son presos políticos y deben ser beneficiados con un indulto generalizado. Pero el presidente Sebastián Piñera ya advirtió que no están detenidos por sus ideas, sino por haber cometido delitos, por lo que vetará cualquier iniciativa que ampare su liberación.
El debate es permanente desde fines de 2019, pero se reavivó la semana pasada cuando la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó un proyecto de Ley que les concede el indulto. Después fue turnada para su análisis a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que la discusión parlamentaria continúa y mantiene vigente el tema en la agenda pública.
Ante los crecientes reclamos, Piñera tuvo que referirse a estos detenidos el martes, durante el informe anual de Gobierno conocido como la Cuenta Pública.
"En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de la libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros", advirtió.
Por eso, insistió, "nos oponemos a una ley de indulto o amnistía, debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión, respetando el debido proceso y de acuerdo al Estado de derecho".
Contraste
La insistencia del Gobierno en mantener detenidos a miles de manifestantes contrasta con su férrea defensa a los Carabineros y miembros del Ejército, que en las protestas de 2019 (y, en general, en todas las movilizaciones sociales) reprimieron violentamente a las multitudes y, de acuerdo con diversos informes nacionales e internacionales, cometieron violaciones a derechos humanos.
De hecho, el propio Piñera ya fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya para que lo investiguen por crímenes de lesa humanidad.
La revuelta, que duró meses e inició por el aumento del costo del boleto del metro y mutó en una rebelión contra el modelo económico, político y social chileno, dejó una saldo de por lo menos 32 muertos; miles de heridos, en particular las más de 400 personas que quedaron mutiladas en sus ojos por el uso indiscriminado de perdigones; denuncias por abuso sexual sufrido por las detenidas, torturas y detenciones arbitrarias, entre otros delitos.
En enero de 2020 se crearon la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) y la Coordinadora por la Libertad de los Presxs Políticxs 18 de Octubre, colectivos de la sociedad civil que recolectaron las irregularidades en torno a las detenciones y los procesos judiciales. A fines del año pasado, senadores de oposición presentaron formalmente el proyecto de indulto.
La semana pasada, después de pasar el primer escollo en la Comisión de Seguridad, el senador Alejandro Navarro explicó la importancia de que "los presos de la revuelta" queden libres justo ahora que Chile está a punto de comenzar a escribir una nueva Constitución que es uno de los principales logros de esas protestas.
"Hay que hacer un esfuerzo y mi llamado es a una derecha que comprenda que, si no cerramos esa herida, esta puede profundizarse en la discusión de la nueva Constitución, y todos queremos una Constitución que una a los chilenos y no que los divida. Si queremos escribir una nueva Constitución que reconcilie a los chilenos, no puede ser con presos de la revuelta encarcelados con montajes. Están pagando de manera injusta una situación que apoyó todo Chile", afirmó.
Respaldo
El estallido de 2019 marcó el inicio de una profunda transformación política en Chile que se tradujo en un plebiscito en octubre del año pasado, en el que una abrumadora mayoría avaló la redacción de una nueva Constitución que sustituya a la que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
A ello le siguió la elección de los 155 convencionales que redactarán la Carta Magna, los cuales fueron elegidos el pasado 15 y 16 de mayo, que en su mayoría representan al progresismo y fueron activistas en las protestas contra Piñera.
Por eso, no sorprendió que 22 de los convencionales electos dieran a conocer esta semana una carta en la que exigen la libertad inmediata de las y los detenidos.
"En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019", señaló un escrito que detalla abusos sistemáticos, privaciones de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes de Carabineros y medidas judiciales que no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.
"Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso", agregó.