Fernando Amaya intentó defenderse de un asaltante que irrumpió en su casa, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, por lo que tomó un arma e hirió al ladrón. Sin embargo, las autoridades iniciaron un proceso judicial en contra del ciudadano, que actuó en defensa propia, y ahora podría enfrentar 9 años de prisión por "porte ilegal" de armamento.
Amaya se encontraba en su domicilio cuando escuchó que alguien estaba entrando a su casa, forzando la puerta. En ese momento, el hombre tomó un revólver, registrado a nombre de su padre, bajó las escaleras y disparó al intruso, ocasionándole heridas leves.
Cuando acudió la Policía, Amaya mostró el arma al agente, pero las autoridades le hicieron ver que no contaba con el permiso correspondiente. "Con el pago de una multa habría podido quedar al día con el arma a nombre mío o a nombre de mi hermano", dijo el hombre a Caracol TV.
El Código Penal de Colombia, en su artículo 365, establece una pena que va de 9 a 12 años de prisión para quien "porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal" sin contar con el permiso de las autoridades.
Al no hacer el trámite administrativo de cesión del arma ante la Industria Militar de Colombia (Indumil), Amaya enfrenta un proceso judicial por porte ilegal de armamento, un "tecnicismo" que a su juicio resulta "absurdo".
Consecuencias
"Para mí ha sido pues un desgaste emocional y económico, pero hay todo un aparato judicial moviéndose porque no se tuvieron en cuenta los eximentes de responsabilidad que creería yo que son muy claros", señaló Amaya sobre el proceso penal en curso.
El hombre recordó que se sintió agredido cuando el intruso ingresó en su domicilio, por lo que tomó el arma de su padre.
"Me dio miedo y no iba a bajar solo. Bajo a defenderme porque me siento agredido cuando veo al muchacho, porque pienso que hay más [asaltantes], me siento con miedo de muerte", declaró Amaya.