Más de 40 días después del inicio de las manifestaciones en Colombia, el Gobierno de Iván Duque continúa criminalizando la protesta social, mientras los organismos de derechos humanos exigen una reforma policial que atienda las causas estructurales de la represión por parte de uniformados.
Desde el 28 de abril que iniciaron las movilizaciones multitudinarias en Colombia, se han reportado 68 fallecimientos, de los cuales, 34 ocurrieron en el contexto de las protestas sociales, según ha podido comprobar la organización Human Rights Watch (HRW) con entrevistas a más de 150 testimonios.
Pese a que el Gobierno de Duque ha minimizado los abusos policiales y ha ofrecido promesas de justicia en estos casos, Human Rights Watch documentó en un reciente informe que la Policía sería responsable de al menos 20 muertes de manifestantes, mientras que cinco asesinatos de participantes en las protestas fueron ejecutados por "personas armadas vestidas de civil", una situación que despertó dudas en el país suramericano sobre la probable presencia de grupos paramilitares que actuaron con aval de las autoridades.
Además, se tiene conocimiento sobre la muerte de dos policías y un investigador judicial.
El violento actuar policial
Los incidentes aislados de vandalismo han sido la justificación del Gobierno colombiano para reprimir las manifestaciones. Las redes sociales fueron la vía que mostró cómo las autoridades utilizaron fuerza desmedida para apagar los reclamos. Después, las organizaciones de derechos humanos documentaron que la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) actuaron de manera arbitraria y habrían empleado la fuerza de forma excesiva y brutal.
De las 20 muertes atribuidas a la Policía, en 16 casos los uniformados utilizaron "municiones letales" en contra de manifestantes que no estaban armados. En concreto, Human Rights Watch tuvo conocimiento de que al menos 15 víctimas presentaban heridas de bala en órganos vitales, lo que a juicio de las autoridades judiciales consultadas por la organización, probaría que las lesiones fueron "causadas con la intención de matar".
El uso de armas letales por parte de las instituciones de seguridad contradice el derecho internacional y la propia legislación colombiana, que establece que únicamente pueden utilizarse cuando hay "peligro inminente de muerte o lesiones graves", así como para evitar "la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida".
Aunque la Policía colombiana negó haber utilizado armas letales en el contexto de las manifestaciones, Human Rights Watch corroboró, por medio de material audiovisual, que los uniformados utilizaron armas de fuego cuando "no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona".
Además de las armas de fuego, las autoridades dispararon gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, dejando siete heridos y tres personas fallecidas. En este contexto de violencia desmedida, se tuvo conocimiento de que la Policía Nacional habría utilizado un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.
"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Asimismo, la Policía habría golpeado brutalmente a 17 personas tras ser detenidas; una de las cuales murió por las lesiones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió quejas de mujeres que responsabilizaron a oficiales por dos casos de violación sexual, 14 de agresiones sexuales y otros 71 incidentes de violencia de género.
Investigación de abusos
Esta semana arribó a Colombia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar testimonios sobre los abusos cometidos durante las protestas antigubernamentales. La visita del organismo fue concretada tras la negativa inicial del Gobierno de Duque.
El equipo de la CIDH escuchará a víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios sobre los abusos registrados en el contexto de las movilizaciones.
La visita del organismo coincide con la suspensión del diálogo con el Comité Nacional del Paro, después de que el Gobierno de Duque incumplió un preacuerdo que fijaba garantías mínimas para garantizar la protesta, según denunciaron los sindicatos y organizaciones sociales.
Proyecto de reforma a la Policía
En medio de las fuertes críticas contra las instituciones colombianas, Duque anunció que el 20 de julio presentaría ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial'.
Esta propuesta del jefe del Ejecutivo incluirá la creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior del organismo; un nuevo "Estatuto Disciplinario"; un sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias contra autoridades; así como modificaciones respecto al "uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales", según comunicó la oficina de la Presidencia.
Impunidad en investigaciones
El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch destacó que la reforma al sistema disciplinario podría ser positiva para prevenir y sancionar abusos policiales, si se implementa correctamente. No obstante, otras de las medidas anunciadas "parecen ser más bien de carácter cosmético", aseveró la organización.
"El sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020", apuntó Human Rights Watch.
En el caso de las protestas recientes, la Policía anunció investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas. No obstante, solo cinco integrantes fueron suspendidos temporalmente, mientras que el resto seguía desempeñando sus funciones.
A juicio de Human Rights Watch, las investigaciones penales a cargo de la Fiscalía General de la Nación sobre los abusos cometidos durante las protestas tampoco registran avances suficientes.
La dependencia comunicó el 10 de mayo que inició 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las movilizaciones de 2020. "Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares", denunció HRW.
En este contexto, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno de Duque "para proteger los derechos humanos" e iniciar una "reforma policial profunda" que garantice el derecho a la reunión pacífica, y que en caso de registrarse abusos, los responsables "sean llevados ante la justicia".
Además, pidió a Duque que su Gobierno realice una "revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la Policía".
Para la organización, es necesario que Duque ofrezca una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por los abusos policiales cometidos durante las protestas, a la vez que da garantías de reparación a las víctimas.
José Beltrán Contreras
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