Los traspiés no faltaron durante el periplo por Centroamérica que encabezó esta semana la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris. Las críticas por su mensaje antiinmigración en Guatemala marcaron la agenda sobre uno de los temas que más preocupa a la administración de Joe Biden.
El "no vengan a EE.UU." que Harris dirigió a los migrantes centroamericanos fue cuestionado incluso dentro de las filas de su propio partido. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez consideró que el severo llamado de la vicepresidenta estadounidense había sido "decepcionante" y, el jueves, la comisionada de Biden matizó sus palabras asegurando que su país estaba comprometido a ser un "refugio seguro" para las personas que solicitaran asilo.
Pero las aclaratorias no pararon allí. El jueves, la vicepresidenta lanzó un llamado a los Gobiernos de México y Guatemala para que dejaran "hacer su trabajo sin obstáculos" a las ONG (algunas de ellas financiadas por EE.UU.) y horas más tarde, su portavoz, Symone Sanders, envió una nota a la prensa para recalcar que ese mensaje había sido exclusivamente dirigido a la administración de Alejandro Giammattei.
Y es que precisamente el financiamiento a las ONG fue el tema que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó a un lado en el debate con Harris –a pesar de las críticas por cómo la USAID destina dinero a organizaciones en México–, para que ambos países centraran la reunión en el tema de la migración irregular desde Centroamérica. Ahora, ¿cuál es la perspectiva?
División regional
Harris fue comisionada por Biden para la región que EE.UU. denomina como el 'Triángulo norte de Centroamérica', pero su visita tuvo dos omisiones evidentes: El Salvador y Honduras, países de donde provienen buena parte de los migrantes que año tras año emprenden la travesía hacia territorio estadounidense en búsqueda de mayores oportunidades.
Las fricciones de la Casa Blanca con el Gobierno de Nayib Bukele se han incrementado desde principios del mes de mayo, por la polémica decisión de la Asamblea Nacional (AN) del país centroamericano de remover a varios magistrados y al fiscal general. Desde entonces, las relaciones entre el país centroamericano y Washington han estado trastocadas por cruces verbales y gestos que, de momento, complican las gestiones encargadas a Harris.
Caso similar ocurre con Honduras, donde su presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido acusado en EE.UU. de presuntos vínculos con el tráfico internacional de cocaína. Al ser consultada por EFE sobre el tema, Harris aseguró que la omisión en su visita no implicaba que la administración Biden no trabajara con esos países, sino que por el contrario, estaba "lidiando" con sus problemas.
Sin embargo, aunque dijo que mantenía el trabajo del más alto nivel con El Salvador y Honduras, no adelantó si tenía previsto en el corto plazo algún encuentro con Bukele o Hernández. "No hay ninguna región en esos tres países que hayamos ignorado", apuntó.
El único país de Centroamérica que sí recibió la visita directa de la vicepresidenta fue Guatemala. Allí, Harris no solo advirtió a los migrantes que no viajaran a EE.UU. porque "serían enviados de vuelta", sino que acordó la instalación de un mecanismo de tutelaje en materia anticorrupción con el Gobierno de Giammattei, como condición para recibir financiamiento.
Después de la estadía de la vicepresidenta estadounidense en Guatemala, la fiscalía del país centroamericano allanó un edificio de Gobierno para investigar un presunto caso de corrupción, mientras que Giammattei aplaudió la severidad de Harris para desalentar la inmigración: "Un mensaje tibio lo único que genera es que haya malinterpretación", dijo.
La idea de Washington, sin embargo, es que ese órgano anticorrupción funcione mediante un ente regional bajo el mandato del Departamento de Estado, una propuesta que no encuentra demasiados apoyos en los otros miembros del llamado 'Triángulo Norte'.
Aclaratorias
En contraste con la dureza del mensaje de Harris en Centroamérica, la visita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo marcada por una aparente cordialidad.
Harris y López Obrador acordaron trabajar juntos para abordar las causas de raíz que originan la migración, mediante financiamiento de programas de desarrollo agrícola y de "empoderamiento de los jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala", apuntó la Casa Blanca en un comunicado de prensa.
Por su parte, Washington se comprometió a fomentar una inversión de 250 millones de dólares destinada al sur de México, que buscará fortalecer las cadenas de valor rurales, como el cacao, el café y el ecoturismo.
Sin embargo, con los días se han ventilado algunos temas espinosos. Las declaraciones de Harris sobre el funcionamiento de las ONG en México y Guatemala –que motivaron su posterior aclaratoria– tocaron un punto sensible para López Obrador, quien a principios de esta semana asomó la posibilidad de reclamar a EE.UU. por el financiamiento a organizaciones de la oposición.
"Vamos a seguir exigiendo de buen modo que esos apoyos se retiren, porque no es correcto, y otro tipo de cosas que también vamos a tratar en su momento", dijo el mandatario el lunes. Más tarde, aunque matizó sus declaraciones con el agradecimiento a Washington por el envío de más de un millón de vacunas contra el covid-19 del laboratorio Johnson & Johnson, López Obrador enfatizó que podía proponer el tema en privado para que "en el terreno de política exterior se entienda que México es un país independiente, libre y soberano".
De momento, la rectificación de Harris con respecto a México pone de manifiesto la importancia que tiene para EE.UU. la relación con su vecino, con el que comparte una frontera común de más de 3.000 kilómetros, el último tramo que recorren los migrantes para tratar de llegar al territorio estadounidense. Poner un tapón a ese flujo es la prioridad para la administración de Joe Biden, que se comprometió a dar marcha atrás a las políticas de su antecesor, Donald Trump.
Por eso, de momento, lo que ha quedado tras la gira de Harris es el compromiso con México de "atender las causas" de la migración en Centroamérica, mediante el financiamiento a iniciativas de desarrollo, y el primer paso –en Guatemala– para establecer un mecanismo de 'supervisión' de la corrupción.
En este último aspecto reposa la apuesta de Washington para la región: ponerle un freno a la llegada de migrantes irregulares a su territorio ofreciendo recursos a los Gobiernos de Centroamérica, mediante inversiones de empresas privadas o financiamiento directo, a cambio de convencerles para el establecimiento de mecanismos de tutelaje 'anticorrupción'.