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Cómo la pandemia golpea a los quilombolas, descendientes de los esclavos negros en Brasil
Estas comunidades son víctimas del racismo y de la desigualdad estructural en el país consecuencia de cuatro siglos de esclavitud.
La pandemia en Brasil se está cebando especialmente con los quilombolas, comunidades integradas en su mayoría por negros descendientes de esclavos e históricamente marginadas.
"Es inadmisible que los quilombolas, que son un símbolo de resistencia y pueden considerarse guardianes de los historia del país, no sean una prioridad para el Estado", denuncia a RT Lucelia Luiz Pereira, especialista en salud quilombola y miembro del grupo de trabajo de Racismo y Salud de la Asociación brasileña de Salud Colectiva (Abrasco).
La vulnerabilidad que sufren empujó recientemente a un juez de la Corte Suprema a pedir al Gobierno de Jair Bolsonaro que explique qué está haciendo para aliviar los estragos que el coronavirus está causando en esas comunidades, asentadas en su mayoría en remotas zonas rurales y que lidian con problemas crónicos de pobreza.
Falta de políticas públicas
Los quilombos son víctimas del racismo y de la desigualdad estructural en Brasil consecuencia de cuatro siglos de esclavitud. Estas comunidades carecen en general de saneamiento básico. Muchas no tienen sistemas de alcantarillado ni acceso a agua potable, una situación agravada por la pandemia, que hizo de la higiene permanente un arma para protegerse del virus.
Además, suelen contar con un deficiente sistema de salud, lo que ha dificultado su acceso a las pruebas de coronavirus, vacunas o medicamentos.
"La ausencia de políticas públicas es consecuencia de un racismo reflejado en las desigualdades en materia de salud", denuncia Pereira.
Según la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq), han fallecido 279 quilombolas por covid-19 y 5.399 han sido contagiados, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de un 5,16 %, que supera el 2,8 % de media nacional.
"El coronavirus no es democrático y las personas no tienen las mismas oportunidades para acceder a los servicios de salud para ser tratadas", añade la experta.
El Plan Nacional de Inmunización contra el covid-19 planificó cuatro fases para vacunar a grupos prioritarios, pero no se incluyó a los quilombolas. Tras una demanda interpuesta por la Conaq y varios partidos de la oposición, la Corte Suprema obligó al Gobierno a incluirlos.
Los datos del Ministerio de Salud apuntan que 501.690 quilombolas, un 50,19 %, ya han tomado una dosis de la vacuna y 51.264, un 5,13 %, la segunda dosis (a nivel nacional el 11 % de los 212 millones de brasileños, entre los que un 56 % son negros, están completamente vacunados).
Sin censo
Uno de los principales problemas de los quilombolas es la ausencia de censo demográfico. El gobierno asegura que son 1.133.106, una cifra similar a la de los indígenas, otros de los pueblos vulnerados y que rondan las 900.000 personas. Quilombolas e indígenas siempre han estado unidos en la lucha por sus derechos.
Pero la Conaq asegura que hay 16 millones de quilombolas y denuncia que el hecho de que se subestimen las cifras afecta al número de dosis distribuidas contra el covid-19. El número de quilombos también es impreciso pero, según la Fundación Palmares, son 3.386.
"Hay una falta de voluntad política del Gobierno para superar estos desafíos. Todavía existe un problema en el reconocimiento de las comunidades quilombolas. Es un escenario que necesita urgentemente modificarse y que es consecuencia de una 'necropolítica' del Estado", afirma Pereira.
En este contexto de pandemia, diversas organizaciones advierten de un problema de inseguridad alimentaria en algunas comunidades.
Muchos quilombos dependen de las agricultura, la pesca o la artesanía para vivir y, con los puntos de distribución de venta cerrados por el covid-19, se han visto incapacitados para vender sus productos.
Sin electricidad, acceso a internet o sin documento de identidad han sido otros tantos los que no han podido registrarse para acceder a ayudas gubernamentales.
Reconocimiento de tierras
Brasil se convirtió en 1888 en uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Durante años los quilombolas fueron invisibles para el Estado y la sociedad. No fue hasta 100 años después cuando en la Constitución de 1988 se les reconoció por primera vez.
Fernando Gallardo, miembro del Instituto Socioambiental, destaca la importancia de superar esa idea generalizada de que los quilombos eran únicamente lugares de esclavos que huyeron.
Muchas de esas comunidades fueron fundadas hace siglos por esclavos fugados que se asentaron en tierras de nadie. Pero otras fueron consecuencia también de donaciones o incluso de compras de tierra, aunque su titularidad casi nunca les fue reconocida y entraron en conflicto con los hacendados y los productores rurales.
"El quilombo es ese el lugar donde las personas desde hace cientos de años buscan libertad y justicia social. Cada comunidad tiene su cultura y su manera de hacer. La diversidad es muy grande. No todos practican la misma religión afro, muchos son católicos. Es difícil definirlos, pero todos tienen esa ancestralidad negra relacionada con la lucha política", comenta Gallardo a RT.
La legislación especifica que las comunidades quilombolas son "grupos étnico-raciales, según criterios de auto-atribución, con trayectoria histórica propia, dotados de relaciones territoriales específicas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida".
En 2003, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprobó una política para reparar la deuda histórica con los afrodescendientes y reconocerles la propiedad ancestral de esos territorios, a través de un decreto que, tras años de batalla judicial, fue avalado en 2018 por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Arilson Ventura, coordinador de la Conaq, asegura a RT que desde entonces ninguna de las tierras ha sido titulada. Según el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra), responsable de la titulación de los territorios quilombolas, a finales de 2019, 1.747 comunidades contaban con procesos abiertos. Entre esas, 278 se encontraban en la primera etapa para lograr la regulación definitiva y solo 124 habían completado todo el proceso.
Marta Miera
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