Detienen a 28 personas en Costa Rica por su presunta vinculación a casos de corrupción entre empresas y la administración pública
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó este lunes que 28 personas fueron detenidas por su presunta vinculación a casos de corrupción, para beneficiar a empresas en la contratación de obras públicas.
Se trata de funcionarios y empresarios, cuyas detenciones se realizaron durante 57 allanamientos, durante la mañana de este lunes, por parte de la Sección de Anticorrupción del OIJ en coordinación con el Ministerio Público.
La Sección de Anticorrupción del #OIJ en coordinación con el Ministerio Público, realizaron esta mañana 57 allanamientos logrando la detención de 28 personas vinculadas a una organización que al parecer beneficiaba indebidamente a empresas en la contratación de obras públicas. pic.twitter.com/IbUOttDxcQ
— OIJ Organismo (@oij_Organismo) June 14, 2021
Los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, se ejecutaron en las viviendas de los sospechosos, en sus oficinas y en las empresas involucradas, localizadas en la capital y en el cantón San Carlos, en la provincia de Alajuela, comunicó el Ministerio Público.
Uno de los lugares allanados fue una oficina que está dentro de la Casa Presidencial, en San José. Al respecto, la Fiscalía precisó que "es usada por asesores presidenciales" y no por ministros o miembros de los supremos poderes.
El Ministerio Público calificó a los presuntos involucrados como parte de un "grupo criminal" y detalló que se dedicaban "a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi)".
En el caso, precisa la Fiscalía, se investigan presuntos delitos de "cohecho propio, tráfico de influencias y estafa" en perjuicio del Estado.
Además de funcionarios del Conavi, las investigaciones apuntan a trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la cartera de Hacienda, así como a personas particulares de empresas constructoras.