El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ratificó hoy que no tomará parte en la consulta popular que se realizará el 1 de agosto para que la ciudadanía decida si se enjuicia o no a sus antecesores en el cargo, iniciativa que él mismo promovió.
"Adelanto que yo, de manera pública, desde que tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que, además, consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final, sólo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se toleren ni la impunidad ni la corrupción", señaló el mandatario en conferencia de prensa.
Agregó que de todas maneras serán los ciudadanos, no el presidente, quienes pondrán en práctica la democracia participativa para decidir qué es lo mejor.
"En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Por eso esta consulta. Nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura, que va en el sentido de lo que acabo de exponer", dijo.
También recordó que su Gobierno fue el que presentó la solicitud para que se realizara esta consulta, que es inédita en el país, y que puede derivar en juicios contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"La pregunta tiene que ver con la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos indebidos, vamos a decir, que se cometieron cuando ellos gobernaron. Aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando", señaló López Obrador.
Contra la impunidad
Para el venidero 1 de agosto, la ciudadanía está convocada a volver a las urnas para responder la pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Si gana el "sí" con por lo menos 37 millones de votos, podrían iniciarse procesos que hasta ahora han estado vedados, ya que los exmandatarios mexicanos cuentan con una garantía de impunidad, de manera que ninguno ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de múltiples denuncias de corrupción o de violaciones a los derechos humanos.
La consulta fue propuesta en septiembre del año pasado por López Obrador, quien la remitió al Senado. Y aunque luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que definir su constitucionalidad, finalmente el pasado 28 de octubre se convocó de manera formal el referendo.
El presidente invitó a que los medios de comunicación informen sobre la consulta y promuevan la participación, ya que eso no significaría que estén a favor o en contra, sino que solamente contribuirían a fortalecer la democracia.
A seis semanas de ese ejercicio ciudadano, el colectivo Juicio a Expresidentes, que está formado por periodistas y dirigentes sociales afines a López Obrador, lanzó en 17 de los 32 estados del país su campaña para que gane el "sí".
En un escrito, el organismo consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto todos los obstáculos posibles, pero a pesar de ello la consulta sigue firme y por eso ya comenzaron el trabajo territorial, a través de brigadas, para invitar al pueblo de México a votar.
"Es importante resaltar que este proceso lo hacemos los mexicanos organizados, que, como muchos, buscamos justicia ante los acontecimientos del pasado", señaló.
Causas
Entre los casos pendientes de justicia, el colectivo mencionó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las privatizaciones de empresas públicas, fraudes electorales y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que implicó un multimillonario rescate bancario que ha quedado catalogado como una de las principales historias de corrupción en el país.
Además, acusó al 'narcogobierno' de Calderón, quien como presidente lanzó la 'guerra contra el narcotráfico', por la corrupción de la que han sido señalados de manera sistemática todos los gobiernos posteriores, y, en general, por el saqueo que significaron sus políticas neoliberales.
"A través del ejercicio del poder popular lograremos el éxito en esta consulta; porque no olvidamos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Es necesario que precisemos que en este ejercicio no solo se trata de llevar a la justicia a funcionarios del pasado, sino que también es un ejercicio de memoria histórica que será vital para construir una nueva patria; porque sabemos que quien no conoce su historia, está condenado a repetirla", advirtió el colectivo.
Por otra parte, subrayó la importancia de que este proceso no está encabezado por partidos políticos o por dirigentes con intereses personales.
"Es un ejercicio legítimo, democrático, encabezado por ciudadanas y ciudadanos mexicanos organizados para exigir justicia. Estamos en las puertas de hacer nuevamente historia", afirmó, por lo que convocó a los ciudadanos a registrarse como observadores electorales.