Denuncian "gatillo fácil" en el norte argentino: qué se sabe del homicidio del joven indígena Josué Lagos a manos de la Policía

Un aborigen de 23 años, perteneciente al pueblo qom, murió tras recibir un disparo policial en plena calle. Por ahora, esa es la única certeza de un caso que tiene poca prensa, bastante información difusa y que muestra la peor cara de cómo viven varias comunidades indígenas en Chaco, al norte de Argentina, una de las provincias más pobres del país sudamericano. Aunque para muchos este deceso solo engrosará la lista de fallecidos en manos de las fuerzas de seguridad, la víctima, además de ser una cifra estadística, tenía nombre y apellido: Josué Lagos.

El crimen ocurrió el 11 de junio por la mañana en el barrio Los Silos, ubicado en la localidad de General San Martín, una zona de casas humildes y caminos de tierra. Mientras comienza la investigación en la Justicia, el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, que se presentó como querellante en el caso, comparte con este medio la información que se pudo obtener mediante testimonios de vecinos e indagaciones desde el lugar de los hechos.

Abuso de autoridad 

Josué estaba sentado en la vía pública, a pocos metros de un destacamento. Según esta versión, por otro sector de la calle pasó un pequeño grupo de jóvenes, quienes arrojaron piedras contra aquella dependencia. "Ahí empezó el altercado con la Policía, comenzaron los gritos", repasa el presidente del Comité, Silvio Gabriel del Balzo. En medio de las vociferaciones, un efectivo regresó a la sede policial, "salió con un arma y empezó a disparar", violando los criterios sobre el uso proporcional de la fuerza. A partir de allí, todo se salió de control.

Entre disparos y corridas, "uno de los tiros le dio a Josué en el estómago", afirma el entrevistado, y murió en el acto. La autopsia detalla que el fallecimiento se produjo por un "shock hipovolémico", que es cuando se genera una gran pérdida de sangre y el corazón ya no puede bombear. También hubo "dos chicos heridos", uno en un brazo y otro en una pierna. Esta situación despertó a varios lugareños a las 8 AM, al compás de la balacera, y la bronca se apoderó de la zona. 

"Me mandé una cagada, se nos viene todo el barrio", habría dicho Guillermo Pablo Viñuela, el presunto autor del homicidio, cuando volvió al destacamento de forma desesperada. El Comité reconstruyó esta escena con los comentarios de reclusos, quienes escucharon al uniformado: "Presentamos como testigos a los presos, pero nadie lo tuvo en cuenta", dice Del Balzo. Mientras la discordia reinaba en el lugar, los efectivos pedían más refuerzos, porque estaba comenzando una auténtica pueblada, con indignación generalizada.    

Segundo acto

"Se armó un revuelo importante", cuenta el hombre del Comité. La reacción barrial crecía porque los vecinos vieron que el agente señalado como el tirador se escondía en la sede policial. El escenario empeoró drásticamente cuando llegaron más efectivos desde una comisaría provincial. Aumentó la represión y también el número de heridos.

Una residente grabó parte del operativo, y en su video se escuchan disparos y gritos de mujeres.

En otra grabación continúan los tiros de un lado, y las piedras del otro. Se ven adultos y niños corriendo. Una señora lleva a su pequeña en brazos, mientras huye para ponerse a salvo.

"Todo el mismo día", lamenta Del Balzo. Entre los incidentes posteriores al crimen, también se dañaron las instalaciones de la sede policial y se quemó  la vivienda del padre del agente acusado.

Reacciones incómodas

Al darse a conocer la noticia, cubierta por medios zonales pero con una presencia fugaz en diarios nacionales, el gobernador peronista Jorge Capitanich pronunció una serie de medidas. Sin embargo, en su anuncio de redes sociales se publicó mal el nombre de la víctima, algo que para el Comité de Prevención de la Tortura revela un posible desinterés gubernamental.

Igualmente, el gobernador dispuso la separación inmediata del director zonal de los uniformados y también de los supervisores de la Dirección Regional, colocando a un interventor en su lugar. "No podemos ni debemos admitir en la Policía de la provincia a un integrante que cometa semejante acto de barbarie", aseveró. Y sumó: "La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal rigurosa". Asimismo, el Estado provincial también se constituyó como querellante ante la Justicia, por decisión del Gobierno chaqueño.

Al enterarse de lo sucedido, Amnistía Internacional reclamó "una investigación urgente e imparcial". También les pidió a las autoridades provinciales "medidas para prevenir actuaciones abusivas por parte de las fuerzas policiales y garantizar que no vuelvan a repetirse".

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, exigió "el urgente esclarecimiento" del homicidio. "Rechazamos la violencia institucional en todas sus formas", acotó.   

Desde el Comité, rápidamente calificaron al hecho como un caso de "gatillo fácil". Entre tanto, algunos movimientos sociales marcharon en la capital argentina hacia la Casa de la Provincia de Chaco para expresar su repudio al accionar policial.

En contrapartida, familiares de los policías implicados acamparon y se encadenaron frente a la Fiscalía que actúa en el crimen, para exigir la liberación de los involucrados.

¿Cómo sigue el caso?

El asunto quedó a cargo de Silvia Mariela Sluzar, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos de la localidad de Roque Sáenz Peña. Algunos querellantes la miran con recelo por sus labores en causas previas, cuando prevaleció la sensación de impunidad. Por el momento, no respondió a nuestro pedido de comentarios.

Así las cosas, el expediente lleva la carátula de "actuaciones por homicidio", pero el Comité pide que la cambien por otra, que consideran más acertada: "Homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad".

Entre tanto, el caso ni siquiera se elevó a juicio. Ahora transita su etapa inicial, mientras la fiscal elabora las acusaciones. De manera preventiva, se había ordenado la detención de cinco policías que participaron del polémico accionar. Sin embargo, en las últimas horas se determinó la puesta en libertad de cuatro de ellos.

Guillermo Pablo Viñuela, señalado como presunto tirador, permanece detenido bajo la imputación de "homicidio calificado". Aquella consideración es por ser miembro de la fuerza de seguridad. En contrapartida, la estrategia de su defensa fue plantear que el arma involucrada le fue robada durante los incidentes, y la fiscal debe determinar si esta versión es verídica o si se trata de una coartada para deslindarse. Por su parte, el implicado se negó a declarar el último sábado y en los próximos días debe definirse si continúa el proceso libre o preso.

Sobre el análisis del cadáver, las tareas fueron realizadas por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial chaqueño, cuyo informe ya fue incorporado al expediente principal. Allí se determinó que la bala no quedó alojada en el cuerpo: hay un orificio de entrada debajo de las costillas, y otro de salida, a la altura de la clavícula izquierda. Fuentes cercanas al caso afirman que, además del estómago, el corazón de Josué Lagos también se vio "afectado" por el tiro.

En cuanto al proyectil, todavía no hay precisiones: "Es clave la pericia balística sobre la herida, que todavía no está", explica para RT Kevin Nielsen, abogado que representa a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el caso. De esta forma, se podría determinar la "compatibilidad de la herida" con algún tipo de arma y calibre.

Igualmente, para el letrado "es muy probable que se compruebe que se trató de un disparo policial", por los testimonios y la pericia de la Gendarmería Nacional, que participa del caso para evitar algún tipo de parcialidad provincial. Es que "todos los casquillos recogidos en la escena del crimen eran de armas 9 milímetros", la típica pistola reglamentaria de las fuerzas de seguridad.

"Naturalización de la discriminación"

Hace varios meses, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación le dijeron a RT que estaban lanzando políticas de consenso para que las fuerzas provinciales –que gozan de autonomía- tengan un abordaje menos violento y más contemplativo de los conflictos sociales. Este crimen es solo una muestra de que todavía falta mucho por hacer: "Hay que trabajar en una formación intercultural, en todas las instituciones", opina Del Balzo.

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"Chaco tiene naturalización de la discriminación hacia los pueblos indígenas, hay muchas expresiones racistas", agrega. Y concluye: "Vemos varios conflictos en las distintas comunidades, con descendientes de inmigrantes e indígenas. El racismo no pertenece solamente a las fuerzas de seguridad, aunque se aplica en sus procedimientos. La situación, es general. No lo vamos a resolver ahora, pero tenemos que trabajarlo con urgencia".

La ministra de Seguridad y Justicia provincial, Gloria Zalazar, no oculta el problema: "Las violencias existen a nivel institucional, y por eso hay un plan de gobierno para combatirla desde todas las áreas", comenta para este medio. También reconoce que hay "situaciones puntuales" en las cuales se registran "confrontaciones entre algunos integrantes de las fuerzas de seguridad con miembros de pueblos indígenas".

Más allá de las actuaciones administrativas y judiciales por el caso del barrio Los Silos, Zalazar dice que se está realizando "un abordaje estructural con el cambio en la formación de la Policía de Chaco". Este plan incluye a otras áreas de la administración, como "la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación", sumadas a "asesores externos especializados". De todos modos, aquella funcionaria advierte que "profesionalizar" a las fuerzas de seguridad chaqueñas "requiere un tiempo", mientras se intentan inculcar "perspectivas de tolerancia y democracia". 

¿Cuántas vidas costará esa espera?   

Leandro Lutzky