El Gobierno de España acaba de aprobar una rebaja de la fiscalidad de la factura eléctrica. Se ha anunciado como una medida urgente, después de que durante este mes de junio el precio de la electricidad que pagan los ciudadanos españoles se haya disparado, avivando las críticas hacia un sistema de fijación de precios que, sobre todo en época de crisis, hace que una parte de la población sufra pobreza energética.
Según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica, el 7,6 % de la población no puede mantener su vivienda caliente en invierno. Cruz Roja estima que en 2020 aumentó un 42 % el número de personas que recibieron sus kits de ayuda energéticos.
Según los cálculos de la Asociación de Consumidores FACUA, si los precios aplicados entre el 1 y el 21 de este mes se extrapolan al mes completo, nos encontraríamos ante el recibo del usuario medio más caro de la historia, con 88,76 euros, superando el récord del primer trimestre de 2012, cuando alcanzó los 88,66 euros. Así, este junio el aumento alcanzará un 46 % con respecto al mismo mes del año pasado.
Ante el debate instalado en la sociedad, el Gobierno de España ha anunciado medidas coyunturales para rebajar inmediatamente las facturas a los consumidores domésticos mientras sostienen que se estudian medidas estructurales.
Bajada del IVA del 21 % al 10 %
La principal medida implementada por el Ejecutivo, aprobada en el Consejo de Ministros de este jueves, es la bajada del IVA que soporta la factura de la electricidad desde el 21 % actual hasta el 10 %. En principio se trata de una medida temporal que estará en vigor tan solo hasta finales de año.
Este nuevo tipo impositivo se aplicará a todos los consumidores con una potencia contratada de 10 kilovatios o menor, siempre que el precio mayorista supere los 45 euros por kilovatio, mientras que para los consumidores vulnerables severos será siempre de aplicación con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Además, el Ejecutivo también ha aprobado la suspensión del 7 % del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año. Se trata de un impuesto que pagan las empresas eléctricas y que se espera que repercutan en el recibo del consumidor en un momento tan delicado.
Prácticamente todos los actores políticos han valorado positivamente estas medidas, si bien denunciando que se deben llevar a cabo reformas estructurales, como explicó el martes de una manera muy gráfica el diputado de EH Bildu Óskar Matute: "Es una tirita en una herida sangrante para el conjunto de la sociedad".
En total, se calcula que la rebaja en la factura del consumidor doméstico será del 12 % tras aplicar el recorte fiscal aprobado hoy por el Ejecutivo de coalición.
La batalla por los ingresos del Estado
La reducción del IVA soportado por la factura de la electricidad era una medida que ha sido ampliamente reclamada desde distintos sectores. El problema para decantarse por su implementación radica en que se trata de una gran merma para los ingresos públicos.
El erario recauda alrededor de 6.000 millones de euros anuales por este concepto. Así, los técnicos de Hacienda han estimado que la rebaja que entra en vigor a partir de este jueves hará perder a la hacienda pública en torno a 1.700 millones de euros anuales.
Es por este motivo que el Real Decreto firmado por el Consejo de Ministros esta mañana lleva la letra pequeña que señala su aplicación para la mayoría de los consumidores tan solo cuando se supera cierto umbral de precios, como un mecanismo para asegurarse cierta recaudación y que los ingresos estatales no desciendan demasiado precisamente cuando se encara la recuperación económica en la era postcovid.
Algunos expertos señalan que este aumento de los precios energéticos y de las materias primas, incluyendo el precio del gas y también el del petróleo (que se encuentra por encima de los 73 dólares el barril) se debe a que se está produciendo una recuperación económica muy rápida tras el parón producido cuando estalló la crisis del coronavirus.
Sin embargo, el problema en el mercado de la electricidad en España no es un problema relacionado con la carga impositiva fundamentalmente, sino que tiene que ver con la formación de precios.
Así, hasta ahora España no se encontraba entre los países con una mayor carga impositiva en el recibo de la luz, sino que era superado por Dinamarca (25 % de IVA), Hungría (27 %), Polonia (23 %), Portugal (23 %), Eslovenia (22%), Finlandia (24 %) y Suecia (25 %); mientras que era igualado por Bélgica, República Checa, Letonia, Lituania y Países Bajos, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda con datos recabados de Eurostat.
Precios opacos
El precio de la electricidad representa alrededor del 35 % del recibo final que abona el consumidor, mientras que en torno al 40 % corresponde a costes fijos y el 25 % restante a los impuestos. Por lo que las subidas experimentadas en los últimos meses afectan directamente a la primera parte e indirectamente a los impuestos.
El precio se fija en base a una subasta en el mercado mayorista de la electricidad, también conocido como 'pool'. Las asociaciones de consumidores llevan años denunciando que estas subastas no son transparentes y que no se garantiza la libre competencia en un mercado dominado por cinco grandes empresas que concentran más del 80 % de la compra: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP.
Uno de los grandes problemas de este sistema es que estas empresas operan a la vez como productoras y como comercializadoras, es decir, se venden y se compran la electricidad a sí mismas.
De hecho, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado en varias ocasiones a las empresas eléctricas por sus prácticas opacas, e incluso ha llegado a denunciar la existencia de obstáculos para la entrada en el mercado de nuevas compañías, por lo que el mercado español se parece más a un oligopolio que al libre mercado.
En total se calcula que durante los últimos 15 años la electricidad que consumen los españoles ha subido un 85 %.
Beneficios caídos del cielo
Uno de los problemas más denunciados de este mercado son los llamados 'beneficios caídos del cielo' (windfall profits) que reciben las compañías eléctricas hidráulicas y nucleares. Se critica que estas energías estén sobrerretribuidas al tener un coste de producción mucho más barato, pero cobrar el mismo precio que tecnologías más caras, como el gas.
Uno de esos beneficios les llega gracias al sistema utilizado en la formación de los precios, que adjudica a todas las energías el precio de la última en entrar, que siempre es la más cara. Es decir, si la demanda no es elevada entran en la subasta energías renovables y otras que son las más económicas. Pero si sube la demanda y se necesita que entre en el 'pool' otras energías más caras, todas las demás son retribuidas al precio de la última en entrar.
A esto se añade el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 para las centrales que generan electricidad con gas natural o carbón, que son precisamente las tecnologías más caras que repercuten en el precio total del resto de energías.
El Gobierno ahora se encuentra estudiando dar cumplimiento al acuerdo de investidura alcanzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP), que contemplaba limitar ese tipo de ingresos por sobrerretribución.
De hecho, el Ministerio de Transición ecológica, encabezado por la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, está desarrollando un proyecto de ley para recortar los 'windfall profits'.
Las eléctricas piden 25.000 millones
A pesar de que las compañías energéticas españolas son de las más rentables de Europa, y en medio de la tormenta perfecta para los consumidores, las tres grandes del país, Iberdrola, Endesa y Naturgy reclaman al Estado 25.000 millones de euros.
Exigen 3.000 millones de euros al año para evitar el colapso eléctrico. Estas tres empresas son las propietarias de los siete reactores nucleares que sigue produciendo electricidad en España y reclaman un precio mínimo garantizado para poder seguir operando. De hecho, la renovación de dos centrales nucleares debería ser inminente, pero las empresas se encuentran ahora valorando su cierre.
Detrás de esto se encuentra que el borrador sobre la mesa de la ministra Ribera supondría una elevación de costes para las nucleares que, según las compañías, les haría entrar en pérdidas durante varios años.
Pero en estos cálculos se utilizan algunas 'trampas' contables, como las utilizadas, legalmente, para revalorizar el valor de las amortizaciones de las centrales. Amortización que entra en sus balances como costes anuales. Además, esas pérdidas contables son compensadas por el resto de su negocio energético, de manera que se utilizan para pagar menos impuestos por sus áreas netamente rentables.
En 2020 Endesa tuvo 1.394 millones de euros de beneficio neto, Iberdrola tuvo 3.610,7 millones de euros por este concepto, Naturgy alcanzó los 490 millones de euros y EDP llegó a los 556 millones de euros.
Pulso o falta de voluntad
El problema del mercado eléctrico español convive con el hecho de que alrededor de dos docenas de exaltos cargos del Gobierno forman o han formado parte de las plantillas de las grandes eléctricas. Los casos más conocidos son los del expresidente del Gobierno Felipe González, que formó parte del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa (actualmente Naturgy) entre 2010 y 2015, con un sueldo de 127.000 euros anuales; y el también expresidente José María Aznar, que fue fichado en 2011 como asesor externo de Endesa con un sueldo de 200.000 euros anuales.
Se da la circunstancia de que Aznar lideró el Gobierno que llevó a cabo la privatización de la entonces empresa pública Gas Natural en 1998, mientras que el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de Endesa, que culminaría años después Aznar.
Otros nombres conocidos en el ámbito de estas 'puertas giratorias' son el exministro del Partido Popular (PP) Ángel Acebes, la exministra Isabel Tocino (PP) o la exvicepresidenta socialista Elena Salgado. La lista se amplía con multitud de nombres de cargos de segundo nivel, desconocidos para la opinión pública, pero que tienen un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la administración pública.
¿Es posible una empresa pública?
La creación de una empresa pública de electricidad es una de las exigencias de Unidas Podemos (UP), el socio de Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez.
La legislación lo permite, puesto que el sistema funciona a través de concesiones estatales. En el caso de las hidroeléctricas, muchas de ellas provenientes de la época de la dictadura franquista o incluso del periodo anterior de la II República, se ha llegado incluso a dejar que algunas caducaran sin sacarlas a concurso.
Si se hubieran sacado a concurso, las lluvias torrenciales en regiones donde hay empresas hidroeléctricas muy importantes habrían contribuido a reducir drásticamente el precio de la electricidad, porque se trata de la forma más económica de producirla.
Sin embargo, la situación actual es de hecho un oligopolio en el que las centrales hidroeléctricas están básicamente concentradas en dos empresas, por lo que tienen la capacidad de fijar el precio. De manera que la subasta de esas concesiones una vez caducadas a nuevas empresas, o la creación de una empresa pública, acabaría con algunas prácticas que desde la CNC se han venido censurando.
España tiene una potencia instalada de generación de energía eléctrica de 108 gigavatios que se prevé que aumente hasta los 181 con el impulso por las energías renovables, mientras que el consumo del país ha ido descendiendo paulatinamente desde 2008.
En un escenario en el que la demanda cae y la producción sigue aumentando, los motivos del encarecimiento constante del recibo de la luz sigue siendo la gran incógnita por resolver.