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Las sanciones a Venezuela se cotizan a la baja: la UE acelera el cambio de enfoque (y Guaidó también)
A unos meses de la celebración de elecciones regionales hay demasiadas evidencias del impacto de las medidas coercitivas, que la oposición justificó e impulsó, sobre la población.
Después de casi cuatro años de sanciones sobre Venezuela por parte de la Unión Europea (UE), que han traído un bloqueo económico que ha acentuado la crisis económica y agudizado la crisis humanitaria, el Tribunal de Justicia europeo dictaminó esta semana que el país caribeño puede impugnarlas.
En estos años se ha agravado la crisis de la industria petrolera venezolana, que no puede vender su petróleo, y también la del combustible, debido a que el país no puede comprar el diésel necesario para proveer a la flota terrestre que distribuye alimentos, medicina y otros enseres.
La decisión de la UE coadyuvó a que el país se quedara sin sus ingresos fiscales normales, sin combustible y ahora también sin vacunas
Las sanciones de finales de 2017 de la UE han permitido a algunos bancos de Portugal, Inglaterra y España retener recursos del Estado venezolano. Recientemente, un banco suizo bloqueó cuatro transacciones del gobierno para pagar su cuota en el mecanismo internacional Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de obtener vacunas contra el coronavirus.
En conclusión, aquella decisión de la UE coadyuvó a que el país, incluyendo los cientos de miles de europeos que allí viven, se quedara sin sus ingresos fiscales normales, sin combustible y ahora también sin vacunas.
A partir de la decisión de esta semana, la Justicia europea considera a Venezuela como persona jurídica y con ello le permite impugnar esta decisión.
Hasta ahora no se han eliminado ninguna de las sanciones, pero podrían estarse abriendo posibilidades para que esto vaya ocurriendo.
El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha venido trabajando en ese sentido y ya el bloque comunitario no reconoce el interinato dirigido por Juan Guaidó. Este 21 de junio se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y ha decidido enviar una delegación técnica para ir estudiando la observación electoral europea para los próximos comicios regionales del 21 de noviembre.
Pero no es solo en Europa donde se está rectificando el enfoque sobre las sanciones, la propia oposición venezolana ha tenido que virar su gramática.
¿Un viaje para revertir sanciones?
Originalmente las sanciones de gobiernos norteamericanos y europeos tenían como objetivo poner contra las cuerdas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En paralelo, la política interna opositora se basaba en la abstención electoral.
Pero con esta decisión de la Cancillería europea de abrir las puertas a una posible observación electoral, y la concepción de la administración de Joe Biden proclive a que se implemente una negociación, el escenario electoral vuelve a ser imprescindible para cualquier acción política opositora.
Así las cosas, la oposición tendrá que asistir a comicios, porque el escenario militar de golpe interno o invasión ha sido apartado de la mesa donde lo puso el expresidente Donald Trump.
La oposición va a tener que ir al proceso electoral siendo responsable, o al menos corresponsable, por la falta de vacunas y diésel.
En pocas semanas comenzará la campaña electoral que culminará con las llamadas 'megaelecciones', donde se elegirán la totalidad de alcaldías y gobernaciones del país. Solo que esto ocurre justo cuando hay demasiadas evidencias del impacto de las sanciones que la oposición justificó e impulsó.
En un principio, se decía que las sanciones no impactarían sobre la población civil. Sin embargo, el bloqueo al pago del mecanismo Covax por parte del banco suizo UBS para adquirir vacunas en un precio y tiempo accesibles, así como el reciente desabastecimiento de diésel, han demostrado que esa afirmación no era cierta.
Por ello, la oposición va a tener que ir al proceso electoral siendo responsable, o al menos corresponsable, por la falta de vacunas y diésel, permitiendo que el partido de gobierno enfile sus baterías contra las consecuencias de las sanciones que la misma oposición ha defendido.
Para la oposición, tener que asistir a eventos electorales bajo esta acusación es, cuando menos, problemático. Quizá por ello el líder opositor Juan Guaidó ha virado su discurso de apoyo a las sanciones y ha comenzado a hablar de un retiro "condicionado" de estas.
Para ello, ha nombrado una comisión, dirigida por el opositor Gerardo Blyde, que ha empezado a visitar gobiernos de Europa y Norteamérica buscando apoyo para reducir paulatinamente las sanciones.
Al primero en visitar dicha comisión fue al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no divulgó la reunión por ninguna de sus redes, contrariamente a lo que hace con el resto de gestiones administrativas. El funcionario no ha apoyado la salida negociada que ha propuesto la oposición, llamada "acuerdo de salvación nacional".
Además han sido recibidos por algunos senadores republicanos. Sin embargo, hasta ahora no hay conocimiento de que el Gobierno de EE.UU., principal impulsor de las sanciones, tenga en agenda recibirlos.
El tiempo pasa, las elecciones se acercan y la población venezolana sigue sufriendo las sanciones. Mientras tanto, no hay ninguna señal de Washington de querer cambiar esta situación.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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