Este jueves, colectivos políticos y sociales de Uruguay entregaron más de 700.000 firmas a la Corte Electoral para que sea convocado un referéndum contra una ley estrella del presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.
La consulta impulsada por la Comisión Nacional Pro Referéndum –también conocida como la plataforma 'Yo firmo' y conformada por más de 100 organizaciones sociales y políticas– busca derogar 135 artículos incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) o Ley 19.889, que fue aprobada por el Parlamento uruguayo el 8 de julio de 2020 y promulgada por el Ejecutivo un día después.
La Comisión Nacional Pro Referéndum comenzó la recolección de firmas contra la LUC en diciembre de 2020 y tenía plazo para presentarlas a la Corte Electoral antes de cumplirse el año de aprobada la ley que se propone derogar, y que vence justamente este 8 de julio.
"Habrá referéndum", dijo Fernando Pereira, presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), organización que forma parte de la Comisión Pro Referéndum, en un acto previo a la entrega de las firmas, donde informó que se habían conseguido 763.443 rúbricas, más de 100.000 por encima de lo requerido, aunque el número final entregado es mucho mayor.
Aunque la Comisión Nacional Pro Referéndum fue la que tomó mayor notoriedad, hubo otra plataforma, denominada Coordinadora Contra Toda la LUC, que también entregó firmas a la Corte Electoral y lo hizo el miércoles 7 de julio.
La ley
La LUC fue una promesa de campaña de Lacalle Pou, quien asumió la Presidencia de Uruguay el 1 de marzo de 2020, y el 23 de abril de ese año envió el documento al Congreso.
El texto ingresó con 502 artículos al Parlamento y salió con 476, tras su aprobación el 5 de julio en la Cámara de Diputados, y tres días después en el Senado.
El mandatario calificó a la normativa como "popular, justa y necesaria" y enumeró una cantidad de razones por las cuales la consideró así.
Entre otras, señaló que la ley resuelve el problema de aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía; agiliza y facilita el sistema de adopciones; elimina la obligación del cobro del sueldo a través del sistema financiero, dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga; jerarquiza la figura del policía; establece penas más severas para los delitos de narcotráfico; y facilita la carga tributaria de pequeñas y medianas empresas, flexibilizando el monto mensual a pagar.
También, dijo el mandatario, la ley declara ilegítimos los piquetes (obstaculización de una vía pública para protestar) y se garantiza la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso publico.
Justamente por abarcar muchos temas y que estos sean tan variados e, incluso, que no se consideraban urgentes, esta normativa fue llamada "ley ómnibus (autobús)".
La oposición y los 135 artículos
Desde la Comisión Pro Referéndum señalan que la LUC "instaló de manera relámpago un modelo de ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales".
Además, debido a que el mecanismo se presentó al inicios de la pandemia del coronavirus y su análisis y aprobación en el Parlamento se dio durante los meses más duros de esa crisis sanitaria, "impidió el debate" y se "redujo al mínimo la información a la que pudo acceder la ciudadanía, la prensa y las organizaciones sociales; e incluso, los propios partidos políticos".
Desde esta plataforma indican que si bien "toda la LUC representa un modelo regresivo", los 135 artículos a los que se oponen "modifican de manera sustancial políticas públicas" en áreas medulares para el país.
Entre otras cuestiones, los oponentes a la LUC buscan derogar los artículos referidos a diferentes materias, entre ellas:
- Educación
De los 135 artículos cuestionados, 34 son referidos al sector educativo. Desde la plataforma en contra de la LUC indican que con la normativa aprobada "se apuesta a la mercantilización de la educación, se prioriza la educación privada por sobre la pública"; y se promueve "la flexibilización laboral y precarización de los puestos de trabajo".
Asimismo, dicen que los cambios implementados con la normativa en la gobernanza de la educación "incrementan la centralidad del Poder Ejecutivo en las decisiones, y establecen una menor participación de los involucrados y las organizaciones sociales representativas en las decisiones, reduciendo la participación democrática".
- Vivienda
Otros 34 artículos objetados tienen relación con la normativa sobre la emergencia en vivienda. Al respecto, los opositores indican que "se cambian plazos de desalojo" de arrendadores y que esa modificaciones "apuntan a beneficiar al propietario en detrimento de los inquilinos, sin que esto asegure una mayor dinámica en el mercado de los alquileres y generando una precarización adicional a la ya existente hasta ahora".
- Seguridad pública
En total son 33 artículos relacionados con la seguridad pública. De acuerdo con la Comisión Nacional Pro Referéndum, hay "aumento de penas, modificación y creación de nuevos delitos, modificaciones del proceso penal, modificación del régimen de legítima defensa y mayor discrecionalidad a la policía". Señalan que las reformas "suponen un cambio abrupto de modelo sin medir en la práctica el alcance de las medidas aprobadas".
Entre otras cosas, la normativa reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia, aumentando de 5 a 10 años las penas por homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, violación y también abuso sexual.
También agrega un artículo al Código Penal que establece que "el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías" será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Asimismo, otorga el derecho de porte de armas a policías y militares en retiro.
Otra modificación es que se declaran ilegítimos los piquetes, como celebró Lacalle Pou, y se insiste en que la Policía preservará los espacios públicos o privados de uso público; y un cambio más al Código Penal es donde se establece que "el que ocupa espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos", será intimado a irse y si eso no sucede, se castigará con una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario.
- Otras áreas
La Comisión Nacional Pro Referéndum también menciona que la LUC "achica la participación del Estado como motor de la economía nacional", al tiempo que hace cambios en la ley de inclusión financiera, que van en línea contraria a favorecer los ingresos estatales y, en cambio, facilitan la evasión.
También indican que las medidas aprobadas sobre empresas públicas auspician la reducción del rol social de las mismas y achican "el peso del Estado en las decisiones de las políticas económicas".
Sobre el sistema de adopciones, dice que la LUC permite que situaciones complejas de niños, niñas y adolescentes se tengan que resolver rápidamente en un juzgado, sin la intervención de los equipos técnicos especializados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que estudian los casos en forma profunda. Esto, señalan, "puede dar lugar a prácticas abusivas y arreglos privados".
Validación y referéndum
Una vez entregadas las firmas a la Corte Electoral, el ente dispone de 150 días para la validación de las firmas —así como las huellas dactilares y los números de credenciales de los firmantes, que también se incluyen en las papeletas—, contrastando con el Registro Cívico.
Ya validadas las firmas y si la institución determina que se cumplieron las exigencias, se procede a convocar la consulta popular.
Según la Comisión Nacional Pro Referéndum, de llegar a esta instancia, la consulta se llevaría a cabo en diciembre de este mismo año.
Edgar Romero G.
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