Movimientos sociales, agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos montaron un acampe en la Plaza de Mayo de la capital argentina para exigir la liberación de Milagro Sala, una importante líder indígena y dirigente de la organización Tupac Amaru, quien acaba de cumplir 2.000 días privada de su libertad en la provincia de Jujuy, tras verse implicada en varias causas judiciales. Para los manifestantes, no caben dudas de que es una presa política.
Así, desde el martes se instalaron más de 200 carpas frente a la Casa Rosada –sede del Gobierno Nacional– y hasta el viernes se desarrollan diversas actividades: radio abierta, cine debate, muestras fotográficas, bailes, paneles sobre "violencia política e institucional" y una misa interreligiosa. Por las noches, los manifestantes encienden fogatas para preparar la cena y calentarse, en medio del clima frío y húmedo de la Ciudad de Buenos Aires.
"Sin Milagro, no hay feminismo posible", dice una pancarta, mientras las banderas de los pueblos originarios se apoderan de la escena. "Argentina plurinacional", se lee en una enorme tela sostenida en el aire. De fondo, se escucha la melodía de instrumentos típicos, como el sikus y el charango. Por momentos, desde la tienda principal reproducen cumbia a todo volumen, cuyo eco retumba en la entrada de la sede gubernamental.
Desde las organizaciones aclaran que no se trata de una protesta contra la administración de Alberto Fernández, pero remarcan que les gustaría ver una acción concreta del presidente peronista para conseguir la liberación de Sala. La manifestación, que por ahora transcurre de forma pacífica, apunta directamente contra el Gobierno provincial de Gerardo Morales –importante aliado de Mauricio Macri durante su mandato– y el Poder Judicial de Jujuy, pero para lograr visibilidad debía realizarse en la capital del país sudamericano.
"Que se intervenga la provincia"
"No tengo nada contra el presidente Alberto Fernández, pero necesitamos que se intervenga la provincia", remarca Claudia Sala, hija de la líder detenida. Está parada junto a una carpa plagada de fotos de obras públicas que se realizaron en el norte argentino con la gestión de su madre, y fondos estatales. "Pedimos que se acepten a nuestros testigos y que Milagro sea sometida a un juicio justo", acota.
En otra tienda hay imágenes de distintas personalidades que fueron privadas de su libertad en todo el mundo, bajo polémicos procedimientos judiciales. Está el rostro del periodista y activista Julian Assange, detenido tras publicar documentos secretos de EE.UU. en WikiLeaks, Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador durante la gestión de Rafael Correa, y Jones Huala, un conocido líder mapuche del Cono Sur.
"El caso de Milagro Sala es el modelo más brutal del 'lawfare'", opina Enrique Castro, miembro del Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos. Con ello, hace referencia a la teoría de un entramado entre partidos conservadores, parte de la Justicia y medios de comunicación para detener a líderes progresistas en América Latina. "Esto es el laboratorio donde comienza, durante el Gobierno de Macri, el 'lawfare' en Argentina", insiste. Y agrega: "Hoy no necesitan al poder militar. Se estigmatiza a una persona a través de la prensa y se inventa un delito".
Para Castro, en Jujuy se invirtieron los criterios jurídicos para apresar a una influyente adversaria política: "Primero se la detuvo y luego le adjudicaron causas", comenta. Es que, tendría que haber sido exactamente al revés, sostienen desde el Foro.
Más de cinco años detenida
La primera detención de Milagro Sala se produjo en enero del 2016, y desde 2017 permanece bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La dirigente afrontó numerosas causas en su contra, que van desde presuntas amenazas telefónicas a policías, hasta un escrache al gobernador local, Morales, con huevazos incluidos. A tan solo unos meses de haber sido privada de su libertad, en su momento el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas puso en tela de juicio la independencia judicial en la provincia, remarcando una posible intención de tener detenida a Sala de forma indefinida.
Hoy, la líder social sigue presa por una condena de 13 años por la causa denominada "Pibes Villeros": en el marco de un plan de construcción de viviendas sociales entre 2011 y 2015 –segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner–, Sala es señalada como líder de una asociación ilícita que habría desviado 60 millones de pesos. Frente a ello, desde el kirchnerismo afirman que la condena es arbitraria y organizaciones como Amnistía Internacional solicitan la actuación de la Corte Suprema, tal como ocurrió con la causa 'huevazos', cuando ordenaron la revisión de la sentencia previa. Igualmente, la dirigente continúa detenida sin condena firme.
En ese marco, en el Gobierno de Alberto Fernández se produce una pequeña interna ante la actitud que debe adoptar el Ejecutivo frente al Poder Judicial: mientras que el kirchnerismo, acorralado por diversas causas penales, pretende una reforma dura, el mandatario, profesor hace muchos años en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), adopta un rol más pasivo. De hecho, dice de forma reiterada que no pretende interferir en asuntos judiciales, ganándose algunos resquemores en sus propias filas.
Frente a este escenario, desde la Plaza de Mayo una manifestante explica: "Nosotros también somos parte del Gobierno, pero Alberto Fernández dijo cuando asumió que siempre le recordáramos su compromiso con el pueblo". Su cartulina, escrita con marcador, es bastante incisiva: "Te apoyamos, compañero, en la lucha contra el Poder Judicial".
Leandro Lutzky
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