Los Gobiernos de México y EE.UU. llegaron a un acuerdo este jueves para resolver una queja sobre la negación de los derechos de los trabajadores de la planta automotriz de General Motors (GM) ubicada en la ciudad de Silao, en el estado de Guanajuato.
Se trata del primer curso de remediación que es concertado bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), un instrumento de solución de controversias que forma parte del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Quejas y revisión del caso
El pasado 12 de mayo, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó a la Secretaría de Economía de México la revisión del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo entre la planta de GM y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General.
El Gobierno estadounidense solicitó la activación del MLRR ante las supuestas irregularidades detectadas durante el proceso de votación del contrato colectivo de los trabajadores de las instalaciones de General Motors en Silao, realizado en abril de 2021.
"A los trabajadores de esta instalación se les ha negado el derecho de libre asociación y negociación colectiva", acusó la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.
En respuesta, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció este jueves un "curso de reparación" para garantizar a los trabajadores de General Motors la posibilidad de "votar para aprobar (legitimar) su contrato colectivo de trabajo en condiciones libres y democráticas".
Como parte del curso de reparación, México se comprometió a:
- Asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice en las instalaciones de la planta a más tardar el 20 de agosto de 2021.
- Antes de esa jornada, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México deberán desplazarse a las instalaciones de GM para "prevenir y atender cualquier intimidación o coerción".
- Además, observadores imparciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estarán presentes en las instalaciones durante la votación.
- Sancionar a cualquier persona responsable "de la conducta que llevó a la suspensión del voto en abril", y de cualquier otra violación de la ley.
- Habilitar una línea telefónica para recibir y responder las quejas de los trabajadores sobre el proceso de votación.
El Gobierno mexicano destacó en el comunicado que el curso de reparación acordado "representa una victoria para los trabajadores de las instalaciones".