La ola de disturbios iniciada en Sudáfrica el pasado viernes tras la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma ha dejado por el momento un saldo de al menos 6 muertos y 219 detenidos, reporta Reuters.
Jacob Zuma, de 79 años, fue condenado a 15 meses de prisión por negarse a cooperar con una investigación judicial sobre los presuntos casos de corrupción en los que habría estado envuelto durante su presidencia, que se extendió de 2009 a 2018. El jueves se entregó a las autoridades para cumplir su condena.
Las protestas empezaron en la provincia de KwaZulu-Natal, donde nació el exmandatario, y se extendieron a Johannesburgo, la ciudad más grande del país, obligando al despliegue del Ejército en las zonas afectadas para ayudar a la Policía a controlar la violencia.
El doctor Suhayl Essa, que el domingo estaba de servicio en una clínica de Johannesburgo, contó que vio llegar a decenas de personas heridas como consecuencia de los saqueos y actos vandálicos que se apoderaron de la ciudad.
"Fue una pesadilla. No había posibilidad de que nosotros [los médicos] siguiéramos el ritmo de los pacientes heridos. Estábamos en modo de guerra, atendiendo a los más necesitados y ayudando a los que podían salvarse", añadió.
Entre los numerosos lesionados se encontraba un bebé de seis meses que recibió el disparo de una bala de goma en la cabeza, detalló el doctor, que también relató que se produjeron enfrentamientos entre los heridos que intentaban entrar a la clínica.
Las autoridades llaman a la calma
La Policía y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenaron la violencia e hicieron un llamamiento a la calma, instando a los ciudadanos a "expresarse dentro de la ley".
"Infraestructuras claves, como carreteras nacionales, se han visto afectadas, ralentizando el transporte de bienes y servicios", declaró el mandatario, quien lamentó que "la gente haya sido intimidada y amenazada y algunos hasta hayan resultado heridos". "También he oído que algunos habrían muerto", añadió.
Los disturbios "amenazan a la vida de la gente" y dañan los "esfuerzos para reconstruir la economía", criticó, recordando que la Constitución del país permite manifestarse de forma pacífica, pero "no puede haber ninguna justificación en absoluto" para "acciones destructivas".