La candidata derechista peruana Keiko Fujimori será investigada por la Fiscalía de ese país por "perturbación o impedimento del proceso electoral" y "fraude procesal" contra el Estado, tras haber interpuesto cientos de recursos de apelación para anular las votaciones en las zonas donde su oponente, el izquierdista Pedro Castillo, obtuvo la mayoría de los votos.
Fuerza Popular, el partido que lidera Fujimori, presentó entre el 9 y 11 de junio un total de 760 solicitudes de nulidad a los Jurados Especiales Electorales del país para que anularan las actas con supuestas "irregularidades", según los abogados de Perú Libre José Luis Saavedra Barrantes y Pavel Gabriel Tapia, quienes hicieron la denuncia ante la quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.
En el documento emitido por la Fiscalía, que ha sido divulgado por la prensa, se señala a la excongresista y a la personera legal del partido derechista, Liliana Takayama, de cometer delitos contra el derecho de sufragio en las modalidades de "perturbación o impedimento del proceso electoral", "atentados contra el derecho de sufragio", "falsa declaración en procedimiento administrativo" y "fraude procesal y contra la fe pública" y "falsedad genérica" contra el Estado peruano.
Los abogados basan la denuncia en los recursos de apelación presentados por Fuerza Popular para anular los votos en las zonas rurales de Perú, donde Castillo se impuso en la segunda vuelta, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Del mismo modo, se pide una investigación a los 27 recibos por derecho de tasa electoral –que debe ser cancelada por quienes realizan las apelaciones– porque uno de ellos habría sido fotografiado y editado, lo que implicaría una actuación "dolosa" con "plena finalidad de inducir al error al ente electoral".
Fujimori deberá rendir declaración el próximo 23 de julio, a las 2:30 de la tarde (hora local), mientras que a Takayama le corresponderá hacerlo una hora después.
Más investigaciones
La candidata derechista ya cuenta con una investigación abierta por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021, tras la publicación de los audios del poderoso asesor del expresidente Alberto Fujimori Vladimiro Montesinos, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú.
Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva, en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.
Cuando ya ha pasado más de un mes desde que se realizó la segunda vuelta electoral donde Castillo obtuvo la mayoría de los votos, según el Poder Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún se encuentra revisando los recursos empleados por el equipo de la derechista, sin que haya encontrado pruebas del supuesto "fraude" denunciado por Fujimori, lo que ha sido catalogado como una "estrategia poselectoral" para retrasar el proceso.
Se espera que cerca del 15 de julio termine la revisión para proclamar al nuevo presidente peruano.