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Un informe desvela que las fuerzas de seguridad de Colombia utilizaron "técnicas de combate" para reprimir las protestas sociales

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La Misión SOS Colombia documentó con testimonios las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Esmad y el Ejército.

Un nuevo informe elaborado este lunes por la Misión SOS Colombia, una delegación integrada por activistas, políticos y periodistas, documenta que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares reprimieron las protestas sociales en el país con el empleo de técnicas de combate y una estrategia militar similar a la que utilizan para combatir a los actores armados. 

Tras recibir 180 denuncias directas de víctimas en el marco del paro nacional y revisar 70 informes de organizaciones sociales, la Misión SOS Colombia concluyó que las violaciones de derechos humanos en Colombia por parte de agentes estatales han sido "graves, sistemáticas y generalizadas" en el territorio.

Uno de los delegados, Matías Vallejos, afirmó en conferencia de prensa que en el marco de las manifestaciones sociales se utilizaron "técnicas de combate" que tuvieron el objetivo de "lesionar y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno".   

En ese sentido, la Misión SOS Colombia identificó tres actores responsables de las violaciones a los derechos humanos: 

  • Fuerza Pública: engloba a la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), las fuerzas militares, el Ministerio de la Defensa y la Presidencia. 
  • Paramilitares: se trata de grupos armados que habrían actuado en complicidad con la fuerza pública.  
  • Civiles armados que actúan en conjunto con la fuerza pública, principalmente como infiltrados en las protestas sociales. Algunos de estos sujetos incurrieron en la confrontación y seguimiento selectivo a líderes de las protestas. 

La delegación denunció que las autoridades hicieron un "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" en contra de manifestantes. Esto tras documentar que los uniformados realizaron disparos a corta distancia de forma horizontal, apuntando al rostro y la cabeza de los civiles, y que utilizaron municiones no permitidas y "proyectiles hechizos" fabricados con material cortopunzante. También emplearon "acciones de terror y control social" con toques de queda y golpearon a inconformes cuando se encontraban heridos o no representaban ninguna amenaza. 

Además, los integrantes del Esmad habrían lesionado a manifestantes con armas blancas y de fuego, según constató la Misión SOS Colombia. 

En el marco de las protestas antigubernamentales, el Estado colombiano realizó montajes judiciales, mediante la implantación de pruebas, para judicializar a más personas. 

Demandas de una Policía civil

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, hizo un llamado al Gobierno de Iván Duque para atender las recomendaciones de organismos de derechos humanos que piden separar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa.

Maltés Tello lamentó que el Gobierno colombiano desestimó los llamados de la comunidad internacional, que pidieron no emplear militares para reprimir la protesta social.  

"Se recomienda al Gobierno separar la Policía del Ministerio de Defensa y que esta dependa de un ministerio de carácter civil", remarcó Maltés Tello en declaraciones a RT. 

En ese sentido, el activista llamó al Gobierno de Duque a privilegiar el diálogo sobre la represión y a detener "el uso excesivo de la fuerza" contra los manifestantes. 

Confirman muerte de manifestantes

Por otra parte, este fin de semana se confirmó la muerte de dos manifestantes que habían sido reportados como desaparecidos desde hace más de un mes. 

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz confirmó que el manifestante Alquimedez Santana fue encontrado sin vida en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Desde el 27 de mayo se había reportado la desaparición de este activista. 

En tanto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este lunes el fallecimiento de Duván Felipe Barros Gómez, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el 5 de junio.

Mientras que el Gobierno de Bogotá informó que pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación del caso, desde la Fundación Nydia Erika Bautista denunciaron que Barros Gómez fue víctima de desaparición forzada en el marco de la protesta social realizada en el Portal de Las Américas, en la localidad de Kennedy. 

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