El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó este martes con vetos la medida provisional para privatizar Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina y una de las empresas más importantes del país.
Entre los vetos está que funcionarios dimitidos pudiesen adquirir acciones con descuento; la prohibición de extinguir algunas subsidiarias de la compañía; la obligación del Gobierno de aprovechar durante un año a los funcionarios dimitidos o que Eletrobras reubicase a la población que se encuentra en el rango de líneas de transmisión de alta tensión.
A finales de junio, el Congreso de Brasil aprobó el polémico proyecto impulsado por el Ejecutivo para privatizar la estatal. La medida ya había sido aprobada anteriormente por la Cámara, pero se sometió a votación nuevamente tras ser modificada por los senadores.
"Amenaza a la soberanía nacional"
Según el Gobierno, la privatización puede reducir la factura de electricidad en los hogares y las empresas hasta en un 7,36 %, sin embargo, entidades del sector afirman que esta medida en realidad genera costos adicionales y acaba encareciendo el costo de luz para la población. Desde la oposición advierten de que la privatización supondrá "una amenaza a la soberanía nacional".
La participación estatal en Eletrobras es actualmente de un 60 % y se espera que se vea reducida en un 45 % a través de la venta de acciones en una Oferta Pública de Acciones (OPA) en la Bolsa de Sao Paulo.
Eletrobras es responsable del 40 % de la transmisión y el 30 % de la generación de energía en Brasil y el Gobierno de Jair Bolsonaro espera recaudar unos 11.800 millones de dólares con la privatización de la compañía, que en 2020 generó un beneficio de casi 1.300 millones de dólares.