La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que era falsa una denuncia realizada a través de medios opositores de Argentina, que indicaba que unas 86 mujeres indígenas embarazadas, todas de la provincia de Formosa, no recibían atención médica y estaban supuestamente escondidas en el monte por miedo a que las separaran de sus bebés.
Mediante una resolución difundida en su web oficial, la CIDH comunicó que decidió levantar las medidas cautelares dictadas en relación a dicha denuncia, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos, y cuestionó la falta de cooperación por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo.
La solicitud había sido formulada por quien fuera el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal (macrismo), Santiago Cantón, y por el líder indígena de la comunidad Qom, el cacique Félix Díaz, en base a un informe del programa Telenoche Investiga, que se emite por Canal 13 y TN, ambas señales del multimediático Grupo Clarín.
"En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer", señala la CIDH en su resolución.
"Falta de colaboración"
En el texto, la Comisión remarca "la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger", y valora de modo positivo "el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente".
"El Estado (argentino) ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde", dice la resolución.
Los denunciantes habían presentado datos particulares de siete de las 86 presuntas víctimas, pero señalaron "dificultades para individualizarlas con nombre y apellido". Si bien los escasos datos aportados no permitían establecer fehacientemente sus identidades, el Estado recabó información sobre las supuestas víctimas, identificadas en la denuncia como X1, X2, X3, X4, X5, X6, y X7.
"La información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares", insiste la CIDH. Y agrega que todas han recibido la atención médica oportuna.
Los informes televisivos señalaban también que las mujeres de la comunidad eran sometidas a una esterilización forzada mediante la implantación de un "chip anticonceptivo", hecho que tampoco se pudo corroborar.
En un documento anterior, emitido en abril, el ente que depende de la Organización de Estados Americanos ya había descartado la existencia de "un patrón de cesáreas forzosas, separación de madres de sus hijos y otras alegaciones del mismo tenor, desacreditando así las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos generalizadas en Formosa".