El expresidente argentino Mauricio Macri aseguró este jueves que no cometió ningún delito al enviar material bélico a Bolivia, ya que era solamente para custodiar la Embajada argentina en medio de la crisis política que padeció el país vecino en noviembre de 2019.
"Estoy tranquilo, de mi Gobierno puede haber muchas críticas, pero estoy muy tranquilo de que fue muy correcto, que no se hizo ningún tipo de ilegalidad", aseguró Macri en una entrevista con Radio Mitre en medio de las crecientes denuncias que hay en su contra en ambos países, donde no se descartan procesamientos e incluso extradiciones de los exfuncionarios involucrados.
La semana pasada, el Gobierno boliviano desató un escándalo internacional al acusar a Macri de haber enviado material bélico para apoyar al régimen de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó como presidenta después del golpe de Estado contra Evo Morales, ocurrido el 10 de noviembre de 2019.
Como prueba, el canciller Rogelio Mayta presentó una carta en la que en la que el comandante Jorge González Terceros Lara le agradece al entonces embajador argentino Normando Álvarez García "la colaboración prestada" a la institución armada, "en el marco del apoyo internacional" entre ambos países, "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia".
La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe, y reporta el envío de material bélico consistente en cartuchos, gases lacrimógenos y granadas. La duda que se abre es por qué, si el cargamento era supuestamente para custodiar la embajada argentina, lo agradecen los militares bolivianos.
Macri, quien nunca ha reconocido que hubo un golpe de Estado, insistió este jueves en que la denuncia "es muy poco seria". "Lo que pasó en Bolivia lo vimos todos: hubo un estallido social, una situación muy delicada con violencia en las calles, en la que decidimos que teníamos que ayudar a nuestra embajada", argumentó.
La acusación en su contra, aseguró, "es un cuento, una operación, una mezcla de malicia y alucinaciones del kirchnerismo". "Lamento que el Gobierno esté armando esto", añadió. También afirmó que la denuncia forma parte de "la persecución y el acoso" que padecen los exfuncionarios de su Gobierno, él mismo y su familia.
Pruebas
A pesar de que Macri ha desmentido las imputaciones, ya se demostró la veracidad de la carta que dio origen a la denuncia del Gobierno boliviano.
Además, después de los deslindes y versiones contradictorias iniciales del expresidente y de sus exministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Oscar Aguad, también ya se confirmó que, efectivamente, el 11 de noviembre de 2019 llegó al aeropuerto de El Alto un avión militar argentino en el que viajó un equipo de élite de la Gendarmería argentina, conocido como Grupo Alacrán, y que era el que llevaba el material bélico.
Una semana después de que se revelara el caso, se mantienen las inconsistencias sobre las armas que se mandaron, ya que las cifras de los documentos oficiales no coinciden, por lo que se sospecha que hay un remanente que no se reportó, es decir, que se tráfico de manera ilegal, y fue entregado al Gobierno de Áñez.
Por eso, el lunes pasado el Gobierno argentino interpuso una denuncia en contra de Macri y varios de sus exministros por los presuntos delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.
A lo largo de la semana, tanto el ministro de Seguridad de Argentina, Martín Soria, como el canciller boliviano Rogelio Mayta, han abierto la posibilidad de que, conforme avancen las investigaciones, los exfuncionarios involucrados puedan ser extraditados y juzgados en Bolivia.
"Van a requerir la presencia de Macri y sus funcionarios ante la justicia Boliviana. Argentina y Bolivia tienen tratado de extradición, los pueden juzgar allá, por eso están tan nerviosos", aseguró Soria en una entrevista con El Destape Radio.
"La Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomaran los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad", explicó Mayta a la Agencia Télam.