La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a otros 15 militares por su presunta vinculación en casos conocidos como 'falsos positivos', es decir, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Los 15 miembros del Ejército fueron declarados "máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas" en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira, región Costa Caribe del país, entre 2002 y 2005, según informó en conferencia de prensa el magistrado Óscar Parra.
En concreto, los 15 militares fueron imputados con los delitos de "homicidio en persona protegida y desaparición forzada", "crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas" y "crimen de guerra de homicidio".
"Los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar [...] para presentar como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército", indicó Parra.
Además, señaló que en estos asesinatos también participaron grupos paramilitares, a los que se aliaron los uniformados.
"Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate", mencionó.
Dos patrones
La JEP determinó que estos "resultados operacionales ilegítimos, asociados a esta estructura militar", se inscriben en dos patrones "macrocriminales".
El primer patrón indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común, sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno.
El otro patrón, precisó Parra, fue que se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares, de forma que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición. Además, denunció que, para captarlas y asesinarlas, fueron engañadas con promesas de trabajos.
"Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar", dijo la JEP.
Segunda imputación
Esta es la segunda imputación que se hace dentro de seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' que ha priorizado la JEP. La semana pasada se conoció que fueron imputados 10 militares y un civil por su presunta vinculación en asesinatos de este tipo en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.
Además de Costa Caribe y Catatumbo, los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, Huila, Casanare y Meta.
En febrero de este año, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate —'falsos positivos'— entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.