Las investigaciones en Bolivia por las masacres ocurridas en las ciudades de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 tuvieron este viernes una jornada decisiva con la detención del exjefe del Estado Mayor Pablo Arturo Guerra Camacho, y la expectativa por la entrega del informe del el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El fiscal Fabio Maldonado explicó que Guerra Camacho, quien fue llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, está imputado por los delitos de lesiones graves y leves y homicidio.
Apenas la víspera también fue capturado por estos casos el excomandante Iván Patricio Inchauste Rioja. Antes, ya habían sido detenidos el exgeneral Alfredo Cuéllar, el excomandante Franko Suárez Gonzales y el general en retiro Luis Fernando Valverde.
El arresto de Guerra Camacho se llevó a cabo en medio de la expectación generada por el informe que el GIEI le entregará este viernes al Gobierno del presidente Luis Arce, y que evalúa las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos cuatro meses de 2019.
La atención está centrada en las masacres de las ciudades de Sacaba y Senkata, llevadas a cabo durante el régimen de Jeanine Áñez, y que dejaron un saldo de por lo menos 18 muertos.
Una vez concluida esta investigación independiente, que inició en noviembre pasado, se espera el inicio de un proceso de reparación y que los responsables sean juzgados y condenados. Esa es el principal reclamo de los familiares de las víctimas que realizaron una vigilia en la Plaza Murillo, en La Paz, a la espera de la entrega del informe.
El documento tiene impacto internacional debido al escándalo generado por las denuncias de que los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Ecuador, Lenin Moreno, habrían apoyado con el envío de armas a la expresidenta de facto en los días previos a las represiones.
La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019 tuvo uno de sus puntos culminantes el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, cuando Áñez, quien entonces era senadora, se autoproclamó como presidenta, lo que marcó el inicio de violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias.
Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.
Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.
Avances
En un informe preeliminar publicado en diciembre de 2019, la CIDH denunció que, de acuerdo con los testimonios obtenidos, en ambos casos policías y militares habían disparado con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon.
Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad era mayor. A nivel nacional, reportó que, en total, en todas las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.
El organismo recomendó entonces la conformación de un GIEI que investigara de forma independiente las denuncias. Al régimen de Áñez le pidió respetar y garantizar el derecho a la protesta, cesar la violencia y la represión, desmantelar los grupos armados particulares, establecer un plan de atención y reparación de las víctimas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras demandas.
La expresidenta de facto descalificó el informe de la CIDH y, después de negar las represiones, acusó al organismo de parcialidad.
En noviembre del año pasado, cuando Bolivia ya había recuperado la democracia y acababa de asumir Luis Arce, el ganador de las elecciones, por fin se conformó el GIEI que llegó al país para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.
Esto implica que también analizó el clima de violencia política que comenzó a intensificarse previo a las elecciones generales del 20 de octubre, en las que Morales buscaba su tercera reelección y que terminaron invalidándose por denuncias de fraude de una oposición que contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tiempo después, se comprobó que las acusaciones eran infundadas, pero el golpe de Estado ya se había concretado.
El GIEI Bolivia, que ocho meses después terminó sus trabajos, está integrado por el inglés Julián Burger, profesor de derechos humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado; el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; la argentina Patricia Tappatá Valdez, Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Unesco); el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de ese país; y el chileno español Jaime Vidal, quien fue designado como secretario ejecutivo de este grupo.
Proceso
La cancillería boliviana informó en un comunicado que, de acuerdo con los plazos previstos, el GIEI entregaría hoy su informe, el cual será publicado en las próximas semanas, luego de que se verifique que cumple con el acuerdo y protocolo firmados para investigar la violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó por su parte que lo más probable es que el informe sea revelado a la opinión pública el próximo 5 de agosto porque después de la entrega, el Gobierno tiene 10 días hábiles para revisar el documento.
"Esto no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer", señaló.
A partir de esa fecha, el Gobierno dará a conocer su postura sobre las conclusiones del GIEI, ya que antes debe analizar cuáles de sus recomendaciones son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio por el Estado, como la reparación integral del daño a las víctimas, que es algo que las autoridades ya aceptaron de antemano.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos El Alto y Achacachi recordó en un comunicado que en 2019 la CIDH ya reportó juicios extrajudiciales, asesinatos, masacres y torturas, pero este informe del GIEI identificará las posibles figuras civiles, penales y/o administrativas, indicios y elementos de prueba para el juzgamiento y eventual sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
"El informe dará a conocer la verdad de lo sucedido y recomendará el proceso y sanción a los responsables individuales conforme al debido proceso. Deberá recomendar a las autoridades policiales, fiscales, funcionarios de la procuraduría, jueces y autoridades competentes la eventual sanción de todos los involucrados en las vulneraciones de derechos humanos, además de presentar un plan de Atención Integral a las Víctimas y posibles reparaciones", señaló.
A diferencia de las reservas que ya mostró el Gobierno, la organización consideró que el informe sí es vinculante, además de que convocaron a todos los partidos políticos para que las recomendaciones sean cumplidas por sus militantes y eviten actos de discriminación o menosprecio hacia las víctimas.
Con respecto a las reparaciones, el procurador general Wilfredo Chávez advirtió que lo último que esperan las víctimas y sus familiares es una indemnización económica.
"Necesitan saber la verdad, quién ha sido el responsable, quién ha ordenado que se dispare, cómo se ha suscitado y los autores inmediatos. Se verá seguramente la reparación moral, la reparación económica y hasta tratamientos psicológicos porque hay hogares que han quedado sin padre, sin hermano, sin la cabeza de la familia", dijo el funcionario en una entrevista con Bolivia TV.