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Aumenta el desplazamiento forzado en Ituango: más de 4.000 personas han salido de sus tierras en ese municipio de Colombia

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La CIDH llamó al Estado colombiano a proteger a las miles de personas que están en situación de desplazamiento y a prevenir las causas que los originan.

Los registros oficiales sobre las personas que han resultado afectadas por los desplazamientos forzados en Ituango, Colombia, han superado las 4.000 víctimas en apenas una semana, una situación que ha sido catalogada por la Procuraduría del departamento de Antioquia como un hecho sin precedentes y que preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, citadas por medios locales, el número de personas afectadas alcanza a 4.090 personas que residen en al menos 30 veredas de Ituango. Este censo incluye a desplazados que han dejado sus hogares entre el 21 y el 27 de julio, al salir de sus asentamientos campesinos y rurales para establecerse en el casco urbano de la localidad.

La nueva ola masiva de desplazamientos forzados —segunda registrada en Ituango este año— inició la semana pasada, a raíz de un aviso que llegó a las comunidades sobre posibles enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC y grupos paramilitares del Clan del Golfo; situación que disparó el temor de los pobladores ante las hostilidades que se podrían generar entre estos grupos irregulares, el Ejército colombiano y la Policía Nacional.

"Este es el mayor desplazamiento del que tiene noticias la Procuraduría en el departamento de Antioquia. Este es un tema que rebasa la capacidad del municipio de Ituango y especialmente de su Alcaldía y de la Gobernación. Es muy importante que el Gobierno Nacional haga presencia y que nos acompañe en la atención de esta situación", dijo el Procurador de Antioquia, Luis Fernando Bustamante, citado en medios colombianos.

Ante la gravedad de los hechos, la CIDH —órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)— recordó la obligación que tienen los Estados de "prevenir y cesar los factores del desplazamiento forzado", debido a que este fenómeno "conlleva múltiples violaciones a los Derechos Humanos y expone a las personas a una especial situación de riesgo".

En ese sentido, la CIDH hizo un llamado al Estado colombiano, "como en otras ocasiones", para que proteja "a las personas en situación de desplazamiento y prevenir sus causas".

¿Qué ha dicho el Gobierno?

Desde el lado del Gobierno de Iván Duque, su ministro de Defensa, Diego Molano, ha prometido el envío de ayuda humanitaria y de 250 soldados "adicionales" del Ejército a la zona "para permitir el retorno seguro de los habitantes a sus hogares".

"Di instrucciones de reforzar con tropas en Ituango y sus veredas aledañas. Vamos a garantizar retorno de la población a sus lugares de origen", expresó Molano, quien luego publicó un video en sus redes sociales donde amenaza a alias 'Camilo' y a las disidencias de las FARC, por el desplazamiento de las familias en Ituango.

"Les advierto que soldados y policías no descansarán hasta capturarlos", dijo el titular de Defensa colombiano.

A esta situación se suman también los desastres causados por la temporada de lluvias, que han causado los derrumbes que mantienen incomunicado al municipio con el resto de Antioquia.

La activista social y ambientalista colombiana Isabel Zuleta, habitante de Ituango, rechazó la postura del Gobierno de Duque y su intención de "presionar" el retorno de los desplazados sin ofrecer garantías.

"Ocho días después de que iniciara el bloqueo por derrumbes y el desplazamiento forzado aparece el 'gobierno nacional'. Aparece para presionar un retorno sin garantías. Esperamos que el ministro se quede en Ituango y se reparta en cada vereda" al Ejército, expresó Zuleta en Twitter.

Además, la líder social señala como responsables de estos nuevos desplazamientos al Gobierno de Duque, a la Gobernación y la Alcaldía de Antioquia, porque "tenían la obligación de garantizar la no repetición de la violación sistemática de los Derechos Humanos".

¿Qué hay en Ituango?

El municipio de Ituango, conocido como emporio agrícola y como la 'Capital Energética de Colombia' por la construcción de la polémica hidroeléctrica Hidroituango, está habitado por más de 20.000 personas, entre campesinos y comunidades indígenas, quienes también han sido víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales y masacres.

La zona, rica en tierras, agua y minerales como oro y cobre, viene siendo afectada por solicitudes de explotación minera, además de la presencia histórica de bandas paramilitares, mafias del narcotráfico, grupos guerrilleros y contingentes de la fuerza pública, que han mantenido conflictos armados durante años por el control territorial.

Además, ha sido impactada por la colocación de minas antipersonas y la introducción de cultivos ilícitos para la producción de cocaína. Su ubicación estratégica también hacen de la localidad un teatro de operaciones que sirve como corredor entre la costa Atlántica y Urabá.

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