El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que ordenará la excarcelación de los presos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y degenerativas, mayores de 75 que no hayan cometido delitos graves, personas que hayan sufrido tortura y las que lleven más de 10 años detenidas sin condena firme.
"La secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo. Es para la protección de los derechos humanos y la justicia", dijo en conferencia de prensa al dar a conocer la nueva medida que de inmediato desató una nueva controversia, ya que implica liberaciones y detenciones domiciliarias.
López Obrador precisó que uno de los requisitos para ser favorecidos por esta estrategia inédita es que ninguno de los acusados deberá haber cometido delitos graves o de sangre.
En el caso de los adultos mayores con enfermedades, agregó, la Secretaría de Salud será la encargada de hacer los diagnósticos correspondientes.
"El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre", precisó, ya que se seguirán procedimientos judiciales simplificados.
Con respecto a las liberaciones de presos que hayan sido torturados durante sus detenciones, el presidente advirtió que el delito deberá ser comprobado a través del Protocolo de Estambul, un procedimiento internacional que verifica de manera eficaz la comisión de torturas.
También cuestionó las violaciones a los derechos humanos que implican que una persona esté detenida más de 10 años sin sentencia, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de dos.
Las cifras
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló durante la conferencia que la población total carcelaria en México asciende a 220.114 personas, de las cuales el 43 % no tiene una condena firme.
Esto significa que 94.547 personas siguen encerradas en su inmensa mayoría de manera ilegal, ya que superan el periodo de dos años sin sentencia, lo que ha derivado en hacinamiento en las prisiones.
De todos los detenidos, el 87 % está acusado o condenado por haber cometido delitos del fuero común, es decir, que afectan a personas en lo individual, ya sea robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, fraude, homicidio, abuso de autoridad, entre otros.
En cambio, el 13 % de los presos restantes cometió delitos del fuero federal que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la Nación, como portación de armas de fuego sin licencia, narcotráfico y otros delitos contra la salud, daño y robo al patrimonio arqueológico, delitos electorales y ambientales, contrabando y defraudación fiscal.
Al anticipar la redacción del decreto que la semana próxima firmará el presidente, Sánchez Cordero ofreció un informe de tres causas emblemáticas que ejemplifican la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas detenidas.
Una se refiere a Israel Vallarta, un hombre acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma y cartuchos de uso exclusivo, pero que ya cumplió 16 años sin sentencia. Otra es la de Brenda Quevedo, quien fue detenida en 2009 e imputada por secuestro y delincuencia organizada, pero que ya se demostró que fue torturada durante su detención, al igual que María Isabel San Agustín, una indígena que fue condenada a 60 años de prisión.
"No es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Por otra parte, hay que decir que muchas veces son los propios abogados los que interponen recursos. Están en su derecho, obviamente, pero esto dilata la resolución", señaló.
En el Gobierno de López Obrador, advirtió, no se puede permitir ningún acto de tortura, mucho menos para que la víctima confiese un presunto delito.