Sobre los políticos ligados a Perú Libre y un miembro del Gobierno de Pedro Castillo, juramentado hace menos de una semana, ya hay investigaciones abiertas por la Justicia peruana, en medio de una presión creciente desde el Congreso y la prensa para que los ministros sean destituidos, sin que hayan concretado aún sus primeras acciones en el Gabinete.
La lista de ministros que acompaña a Castillo no se ha escapado del clima convulsionado que pareciera continuar en Perú, que atravesó una grave crisis política en los últimos años. La campaña, las elecciones y la espera por proclamación del líder sindical del partido de izquierda Perú Libre fueron signadas por la incertidumbre y las acusaciones de "fraude" sin basamento de la derecha, liderada por la excandidata Keiko Fujimori.
La polémica alcanzó incluso al sitio desde donde despachará Castillo, quien tuvo que echar para atrás temporalmente su decisión de no ocupar el Palacio de Gobierno, en medio presiones que van en escalada y de protestas organizadas por la derecha más radical, que relaciona a los ministros con el comunismo y el terrorismo desde los albores de la campaña por la presidencia.
Frente a las sucesivas crisis de gobernabilidad que ha atravesado Perú, donde seis de sus presidentes en los últimos 30 años se han visto vinculados con casos de corrupción, los ciudadanos también han expresado su punto de vista. Así quedó reflejado en una encuesta hecha en varios países por la multinacional Ipsos, que arrojó que 80% de los peruanos cree que la economía está hecha "para favorecer a los ricos y poderosos"; 81% piensa que "a los partidos y políticos tradicionales no les importa la gente común"; y otro 70% considera que es necesario "un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos".
Dos investigaciones abiertas
Aunque en la prensa han trascendido varios señalamientos dirigidos a quienes integran el gabinete de Castillo, hasta ahora olo una investigación ha sido abierta por la Justicia . Se trata de un expediente contra el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, indagad por un órgano de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público del departamento de Lambayeque, en el noroeste del país.
Según se explica en un comunicado de prensa, Carrasco Millones solicitó una licencia no remunerada el pasado 26 de julio por "motivos particulares" ante su jefe inmediato superior. Un días después se le concedió lo solicitado por un periodo de 90 días, a partir del 28 de julio.
El actual ministro es fiscal provincial titular especializado contra la Criminalidad Organizada de Lambayaque. Tras su juramentación, se le abrió una "investigación preliminar (queja)" por presunta "inconducta funcional" ante la incompatibilidad de los dos cargos que ejerce "para determinar si transgredió las normas".
Del mismo modo, la Fiscalía ha pedido que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sea investigado por el presunto delito de "organización criminal y tráfico de influencias", como del caso 'Los Dinámicos del Centro', un grupo delictivo que operaba en Junín
Según la fiscal Bonnie Bautista, hay "indicios reveladores" de que Cerrón Rojas, quien fue gobernador de Junín entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2019, "conocía del tráfico de licencias al interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ". Al respecto, el secretario de Perú Libre ha dicho que se trata de la criminalización de un partido político.
En paralelo, el Ministerio Público le solicitó Poder Judicial que revocara la pena suspendida de cuatro años contra el exgobernador por el delito contra la administración pública en la modalidad de "negociación incompatible" al presuntamente favorecer a una contratista que ejecutaba una obra del sistema de alcantarillado en la ciudad de Oroya. Esta medida se debe a que habría incumplido el pago del monto por reparación civil que fue impuesto.
Luego de que Cerrón interpusiera un recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inadmisible, lo inhabilitó por un año para el ejercicio de cualquier función pública y estableció que deberá cumplir cuatro años de "pena privativa de la libertad suspendida", que se suspenderá a los tres años "bajo reglas de conducta".
La sede de Gobierno
Si bien Castillo había aseverado que no despacharía desde el Palacio de Gobierno, tuvo que desistir de su intención por ahora.
La tercera vicepresidenta del Congreso por el partido derechista Avanza País, Patricia Chirinos, manifestó en su cuenta de Twitter su " preocupación por la falta de transparencia " que causaría que el mandatario no despachara desde el Palacio de Gobierno, debido a que "se generaría imposibilidad de que los ciudadanos puedan conocer el registro de visitas ".
Chirinos informó que había enviado un oficio a Guido Bellido "para que informe sobre las actividades y reuniones oficiales que viene desarrollando el presidente Pedro Castillo".
Ante este reclamo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial respondió en su página web que, mientras "se determina el lugar más adecuado para el traslado del Despacho Presidencial", Castillo cumplirá labores en la sede de Palacio de Gobierno.
Previamente, el excongresista Edgar Villanueva Núñez denunció constitucionalmente a Castillo y a Bellido por presunta "infracción constitucional y flagrante violación legal", al querer despachar fuera de Palacio de Gobierno, recoge La República.
El voto de confianza Bellido
Se espera que el presidente del Consejo de Ministros reciba el voto de confianza del Congreso, para lo que necesita el visto bueno de 66 de los 130 legisladores. De no ser así, el gabinete en pleno deberá renunciar.
Sobre esta posibilidad, que llevaría al país a otra nueva crisis política tras la disolución del Congreso y la destitución del presidente Martín Vizcarra en 2020, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pidió escuchar a Bellido cuando comparezca ante el Legislativo para hablar sobre el plan de Gobierno y no adelantarse, en una entrevista de Canal N.
Alva se refirió a la "predisposición en general" que se ha expresado en diversos sectores parlamentarios y agregó que "sería preocupante [que se niegue la confianza] en esta coyuntura".
El nombramiento de Bellido ha sido cuestionado por algunos medios, que han resaltado las expresiones de discriminación que ha publicado el político en redes sociales y la investigación por supuesta instigación al terrorismo, que le abrió la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.
No obstante, no solo hay reservas sobre Bellido. Cada día aparecen en los medios más objeciones sobre los ministros que aún no han empezado sus funciones. Ante esto, la propia Alva ha dicho que viendo "algunas trayectorias que tal vez la población en general no esté de acuerdo" sería "conveniente que den un paso al costado por el mismo presidente y del gabinete", según La República.
Protestas
En el contexto de estas tensiones políticas, los seguidores de varios partidos de derecha salieron a las calles este fin de semana a rechazar al Gobierno de Castillo, en la llamada 'Gran marcha contra la dictadura comunista'.
La excandidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori pidió en un audio que circuló en las redes "salvar" la democracia y "rescatar al país de un gobierno radical y totalitario", que supuestamente quiere cerrar el Congreso, con referencia a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, una de las promesas electorales de Castillo.
Desde otras voces mucho más radicales, como la del expresidente del Parlamento, Daniel Abugattás (2011-2012), se hablado incluso de llamar a nuevas elecciones, "vacar al presidente y cerrar el Congreso, aunque haya más inestabilidad", dijo el político en una entrevista de La Razón.
Ante estas expresiones que piden la vacancia presidencial, Cerrón afirmó en su cuenta de Twitter que este tipo de acciones son una "expresión de la intolerancia a la izquierda, al provinciano, a lo andino ya los cambios para lograr un país más equitativo".
Nathali Gómez