Millones de estadounidenses insolventes están en peligro de ser desahuciados de sus hogares tras finalizar el sábado pasado la moratoria federal antidesalojos aprobada por primera vez en septiembre de 2020.
Desde entonces, el amparo legal se fue extendiendo en vista de la crisis económica y social provocada por la pandemia. Ahora, a pesar de que los casos de covid-19 se encuentran otra vez en ascenso en el país norteamericano, dicha protección ha terminado.
La situación ha provocado un cruce de acusaciones sobre todo en las filas del partido demócrata. La realidad es que después del aplazamiento de la moratoria por parte de la Casa Blanca, en junio la Corte Suprema dictaminó que el presidente ya no tiene poder para extenderla aún más.
Oportunidad desaprovechada
Sin embargo, el Congreso podría haber aprobado una nueva legislación al respecto. La Administración Biden se lo recordó el pasado jueves, a pocos días de que se cumpliera el plazo. De acuerdo con algunos medios, algunos funcionarios de la Casa Blanca hicieron un esfuerzo la semana pasada para reexaminar el potencial legal para que el presidente pueda extender la moratoria.
Al concluir que esto no era posible, el Gobierno llevó la petición al órgano legislativo, tan solo un día antes de que los representantes políticos iniciaran sus vacaciones de verano. Sin embargo, muchos demócratas progresistas permanecieron el viernes en Washington para intentar buscar una solución, pero no fueron suficientes.
La representante Cori Bush, quien en el pasado fue desahuciada en tres ocasiones, durmió incluso en las escaleras exteriores del Capitolio como forma de protesta. Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha asegurado que los demócratas que controlan la Cámara de Representantes esta vez no pueden culpar a los republicanos de esta crisis.
Cruces en el Capitolio
Sin embargo, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha insistido en deslindarse de responsabilidad sobre lo sucedido. La legisladora argumenta que no tienen el poder suficiente y pide a la Administración que se ocupe de los desahucios.
En opinión de la excandidata presidencial y activista política Gloria La Riva, el expresidente Donald Trump mostró que "sí hay poder, en la presidencia".
"Y sin embargo el Congreso, los demócratas y los republicanos, salieron de vacaciones en vez de pasar una legislación para proteger a millones de personas en este país. Ahora, ¿qué va a hacer esta gente sin tener vivienda, estar en la calle?", cuestionó La Riva.
Vivir con miedo
Algunas ciudades y estados, como California, Maryland, Nueva York, Washington D. C. y Nueva Jersey de momento cuentan con protecciones propias contra los desahucios. Sin embargo, muchos otros territorios solo contaban con el mandato federal. Los inquilinos ahora están preocupados incluso en los lugares con moratoria en vigor debido a su carácter estrictamente temporal.
Para el activista Yhamir Chabur, "perder su vivienda es algo feo. Estar en la calle claramente [es] malo para la mente, malo psicológicamente. Pero también en materia de salud, bajo esta coyuntura que estamos viviendo, en pandemia de covid-19 es peligroso tener a la población afuera, en las calles".
Aunque el Departamento del Tesoro estableció un programa de asistencia al alquiler, la distribución del dinero avanza demasiado lento, según denuncian los afectados a través una encuesta realizada este julio por la Oficina del Censo a más de 3,6 millones de inquilinos, quienes se mostraron preocupados por tener que dejar sus hogares debido a un desalojo en los próximos meses.
Al mismo tiempo, 7,4 millones de estadounidenses informaron estar atrasados en el pago de su renta. Mientras que el Instituto Aspen cifra en más de 15 millones las personas en riesgo de desahucio.
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