Distribuidores de gas LP declaran paro nacional en México: ¿qué hace el gobierno de López Obrador para detener el alza en los precios?

Cientos de distribuidoras de gas licuado de petróleo (gas LP), el principal combustible utilizado para la cocción de alimentos en México, anunciaron un paro nacional ante la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer un precio máximo a este insumo. 

El paro nacional se inició este martes por decisión de los llamados comisionistas —los intermediarios entre las grandes empresas que cuentan con permisos de distribución de gas LP y los consumidores finales—, quienes denunciaron que sus ganancias se vieron mermadas por el tope impuesto por el gobierno a nivel federal. 

Por ahora, la población mexicana reporta carencias en la distribución de gas LP en cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. El gremio gasero anunció que espera extender el paro de labores a todo el país.

Un comisionista, Adrián Romero, sostuvo en entrevista con ADN 40 que el límite máximo impuesto por el gobierno para la venta de gas afecta a unas 16.000 familias mexicanas, ya que las grandes empresas vieron reducidas sus ganancias hasta en 80 %. 

De cuatro pesos (unos 0,2 dólares) que obtenían por kilogramo de gas LP transportado, pasaron a ganar 50 centavos (0,025 dólares) de comisión. 

"Nosotros no tenemos nada en contra del gobierno, ni de las empresas. Lo único que queremos es que nos regresen lo que tenemos en comisión", apuntó Romero.  

Control de precios

La decisión del Gobierno federal de fijar un precio máximo al precio del gas LP, que es vendido en cilindros o tanques estacionarios, fue detonada por el incumplimiento de empresas privadas de mantener el costo del combustible a pesar de la inflación nacional. 

Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, la inflación acumulada en los precios del gas LP alcanzó a 20,5 %, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En este contexto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció un límite de precios para el gas licuado de petróleo en 145 regiones del país. El gobierno de López Obrador determinó que del 1 al 7 de agosto, el precio al consumidor por kilogramo de gas LP debe situarse entre 19,56 y 27,08 pesos (de 0,98 centavos a 1,36 dólares), dependiendo del municipio. 

Ricardo Sheriff, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió que las autoridades van a monitorear y sancionar a las empresas y distribuidoras que vendan por arriba del precio máximo fijado por el gobierno. 

"Cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado por parte de la CRE si no respeta el precio máximo", dijo. 

Nueva paraestatal mexicana

La medida para frenar los abusos en la venta del gas LP fue decretada tras el anuncio de López Obrador de crear una empresa paraestatal para distribuir gas licuado de petróleo, llamada Gas Bienestar, que buscará competir con las grandes distribuidoras para ofrecer precios justos a los barrios más humildes. 

El mandatario informó que Gas Bienestar será administrada por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de controlar los elevados precios que pagan los consumidores finales. 

Por otra parte, el aumento en el robo de gas LP, a través de cientos de tomas clandestinas en gasoductos de todo el territorio, alcanzó un nuevo récord en 2020, con pérdidas estimadas en más de 30.000 millones de pesos (unos 1.507 millones de dólares), según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

Entre el abuso de las empresas privadas del sector y el multimillonario robo del gas LP, la administración de López Obrador comenzó a implementar una estrategia para poner un alto al precio del combustible, al tiempo que abrió la participación de Pemex en la distribución de este insumo.