La Cámara de Diputados de Brasil aprueba un proyecto de ley para regularizar tierras ocupadas ilegalmente

A pesar de las durísimas críticas de la oposición y de las organizaciones medioambientales, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que busca flexibilizar la regularización y tenencia de tierras públicas ilegalmente ocupadas.

El proyecto, denominado PL 2633/20, es simple reformulación de una propuesta similar, bautizada como 'Ley de grilagem' o 'Ley de ocupación ilegal de tierras', que fue firmada por el presidente Jair Bolsonaro el año pasado pero no logró salir adelante.

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Sin embargo, este martes, el PL 2633/20 fue aprobado con 296 votos a favor y 136 en contra, y ahora deberá pasar al Senado. De aprobarse el texto, se ampliaría la posibilidad de regularización de las tierras por autodeclaración, es decir, sin el visto bueno del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

El proyecto tiene enorme interés para la llamada "bancada ruralista", grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio, y cuyo apoyo fue fundamental en la llegada al poder del mandatario ultraderechista.

"Intereses del agronegocio"

Tanto la oposición como las organizaciones medioambientales acusan al Gobierno de aprovechar la situación de "caos", causada por la pandemia y los "escándalos de corrupción" que envuelven al Ejecutivo, para satisfacer "los intereses particulares del agronegocio".

"En lugar de prevenir y combatir los delitos ambientales y los esquemas organizados por grandes ladrones de tierras públicas, la Cámara legaliza lo que es ilegal", señaló Greenpeace. 

Mariana Mota, coordinadora de Políticas Públicas de esa ONG, destacó que el mensaje que los diputados mandan a los brasileños es que "vale la pena invadir y deforestar terrenos públicos". "No hay nadie más feliz que un invasor en este momento, con el Gobierno y el Congreso a su servicio", lamentó. 

Precisamente, el PL 2633/20, junto con otros proyectos, empujó en mayo a grandes supermercados y productores alimentarios británicos y de otras partes de Europa a enviar una carta al Ejecutivo, amenazando con boicotear los productos brasileños si esas iniciativas jurídicas seguían adelante.