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Fabricantes de armas de EE.UU. afirman que "el Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado" en respuesta a la demanda en su contra
La Administración de López Obrador denunció a 11 empresas armamentísticas estadounidenses acusándolas de alimentar la violencia en el país latinoamericano con "prácticas negligentes".
La Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego de EE.UU. (NSSF, por sus siglas en inglés) ha negado rotundamente que su sector cometa "prácticas negligentes", en respuesta a la demanda civil presentada por el Gobierno de México contra fabricantes estadounidenses por supuestamente facilitar el tráfico ilegal de armas.
"Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas", sostuvo la organización en un comunicado, asegurando que el paso emprendido "es una afrenta a la soberanía estadounidense".
Por su parte, el vicepresidente y asesor jurídico de la NSSF, Lawrence Keane, afirmó que "el Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras". Además, alegó que la actividad delictiva en el país latinoamericano es resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el crimen organizado.
"Son estos cárteles los que hacen un uso indebido de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la Justicia", sentenció Keane.
Este miércoles, México anunció la presentación de una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts contra 11 fabricantes de armas estadounidenses. La iniciativa fue encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien recalcó que las empresas armamentistas sí tienen responsabilidad posterior por lo que venden, aunque aleguen lo contrario. Se prevé pedir una compensación por daños valorada en unos 10.000 millones de dólares, cuya aprobación se decidirá en los tribunales.
Para el Gobierno mexicano, los fabricantes estadounidenses incurren en "prácticas negligentes" en el diseño, publicidad y venta de armamento, que incluye la falta de revisión de antecedentes de los compradores —quienes muchas a veces recurren a prestanombres—, así como la permisibilidad en la venta múltiple de armas.
Ebrard también aclaró que el proceso judicial no apunta al Gobierno de EE.UU. y no tiene intención de interferir en su política interna, sino que se busca sancionar a las empresas que, según la Administración de Andrés Manuel López Obrador, han causado daño a través de la venta y distribución ilegal de armamento, una práctica que podría haber ocasionado unos 17.000 asesinatos en el país latinoamericano.
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