Exterminaban partidos y hasta "nombraban presidentes": Mancuso corrobora los nexos del paramilitarismo con el Estado colombiano

Dos antiguos enemigos durante un tramo del conflicto armado en Colombia, que se ubicaron en los extremos de la insurgencia y de la contrainsurgencia, comparecieron el pasado miércoles ante la Comisión de la Verdad de ese país para hablar sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron, y de los sectores económicos y políticos que los apoyaron para contribuir a la prolongación de la guerra.

El excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', y el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien se encuentra en una prisión de EE.UU., a través de sendas videollamadas, reconocieron su responsabilidad como actores del conflicto y pidieron perdón a los afectados, ante 20 víctimas presentes en un encuentro moderado por el sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión.

"Ahora nos preguntamos: ¿fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo", dijo Londoño durante su intervención. Por su parte, Mancuso se refirió al entramado compuesto por el Estado y sus instituciones regionales, legislativas y judiciales, que estuvieron vinculadas a las acciones de exterminio de las AUC en contra de líderes locales, población civil, miembros de la guerrilla y dirigentes políticos opositores, como el caso de la Unión Patriótica (UP), que sufrió un genocidio político.

"Un gran error"

Si bien Londoño y Mancuso participaron en esta interpelación ante la Comisión y las víctimas, fue el exlíder paramilitar quien hizo revelaciones más impactantes al delinear la participación estatal en las acciones violentas contra los grupos subversivos, que también afectaron a la población civil.

Londoño admitió que, en nombre de la "lucha por la justicia social" y el aparato armado del Estado, cometieron el "gran error" de afectar a los civiles. "Eso jamás debió pasar", dijo.

"No vengo como un pecador a la redención. Llego como un revolucionario que viene a asumir sus consecuencias. Cometimos crímenes que iban en contravía de la ética y que dejaron profundas heridas", agregó el jefe guerrillero, actual presidente del partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016.

Las revelaciones claves 

Las AUC fueron una organización narcoparamilitar y terrorista de extrema derecha que se conformó a finales de los años 90, y que se desmovilizó en 2006, tras un acuerdo de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se le atribuyen más de 300.000 hechos criminales, que dejaron más de 400.000 víctimas.

Mancuso, que estuvo al frente de las AUC, explicó ante la Comisión de la Verdad que inicialmente surgieron como "una reacción armada ante la insurgencia" y que recibieron el apoyo de empresarios, ganaderos, agricultores, entre otros.

Debido a su presencia en las comunidades, donde no había presencia estatal, afirma que se convirtieron en "un Estado de facto" legitimado como "un actor del conflicto" que posteriormente influiría en la política colombiana.

"Empezamos a orientar a las comunidades de cómo se elegían al presidente de la junta de acción comunal, a los concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a nombrar".

Según aseguró, fue reclutado por el Estado en 1992, por las AUC a principios de 1995 y trabajó como informante y colaborador del Ejército desde 1997.

Parapolítica

Mancuso afirmó que cuando se vincularon a la política "en busca de solución de problemas" de las comunidades, empezaron "a pactar con diferentes sectores políticos", lo que se conoció como la 'parapolítica'. Esta práctica les otorgó el "control y dominio" en más del 35 % del Congreso y en alcaldías, gobernaciones y centenares de municipios.

"Esto nos llevó a enfrentar a aquellos que consideramos que eran los enemigos de la nación colombiana, que estaban haciendo política y que tenían un brazo armado", con referencia a la Unión Patriótica, un partido surgido de otro acuerdo de paz establecido en los años 80 entre el Gobierno y las FARC.

Del mismo modo, al hablar de los nexos con los sectores económicos, relató que bajo intimidación, la organización paramilitar compró tierras en la subregión del Urabá que después vendió parcialmente al Fondo Ganadero de Córdoba para crear una "burbuja económica".

¿Quién dio la orden?

El exjefe paramilitar, extraditado a EE.UU. en 2008, afirmó que cuando la guerrilla decidió conformar la UP y se inició su vinculación con la vida política, empezó una preocupación "enorme" por parte de las instituciones de seguridad del Estado y de los gremios económicos e industriales.

"La UP no fue exterminada por las autodefensas, su gran victimario fue el Estado colombiano", aseveró ante la Comisión de la Verdad, y agregó que al poder estatal le preocupaba que la guerrilla tuviera un brazo político en la legalidad.

En su exposición atribuyó estas acciones de exterminio de la militancia y de la dirigencia de la UP al "miedo" a que Colombia "se convirtiera en otra Cuba", a que se "expropiaran las propiedades a los sectores económicos y que los políticos perdieran la contienda electoral".

El Ejército y la Policía

Según su testimonio, tanto el Ejército, como la Policía, a través de la la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron responsables del exterminio.

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"No estábamos al servicio de una élite económica nacional, queríamos llegar a tener poder dentro del Estado", sostuvo tras responsabilizar al Gobierno de impedir un proceso de negociación con las AUC, tanto en la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) como en la de Andrés Pastrana (1998-2002). "Nos usaron para que cumpliéramos la responsabilidad de solucionar los temas políticos, económicos y sociales de las zonas".

Explicó que las AUC recibían listados de las instituciones del Estado para que cometieran asesinatos de dirigentes políticos, líderes sociales e indígenas, y corroboró que se estigmatizó a la UP con ayuda de un entramado del Poder Judicial.

"Hubo construcción de impunidad alrededor de investigaciones", recordó Mancuso, y detalló que quienes llevaban los casos, que implicaban a los "determinadores" de los crímenes, eran asesinados por las autodefensas "para impedir que la investigación continuara y así el Gobierno quedara libre de toda responsabilidad".

Sobre las masacres, que han sido una práctica común del paramilitarismo, reconoció que formaron parte de la "guerra irregular" para impedir el apoyo de las milicias, los brazos sociales de la guerrilla.

Nathali Gómez