Varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la nueva práctica de EE.UU. de trasladar en avión hacia el sur de México a migrantes centroamericanos.
Al momento se han expresado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
"Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades", dice el comunicado de ACNUR.
La agencia señala que las deportaciones mediante este mecanismo se han justificado con la aplicación del Título 42, que faculta la expulsión de migrantes sin documentos (que recién llegan a ese país) por "razones de salud pública", una medida que se aplicó por primera vez en 2020, cuando comenzó la pandemia, durante la administración del expresidente Donald Trump.
"El Título 42 impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en EE.UU.", aclara ACNUR.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la semana pasada estas deportaciones bajo el Título 42 y detalló que se expulsan "a la mayoría de los adultos solteros y, en la medida de lo posible, a las familias que se encuentran en la frontera suroeste".
Daniel Berlin, subdirector de la organización no gubernamental Asylum Access, dijo a la agencia AP, que esta medida estadounidense, que obliga a las autoridades mexicanas a deportar a Guatemala a los migrantes, es ilegal.
"Ni siquiera se finge que hay un proceso. Es simplemente un regreso por la fuerza a la parte más pobre de un país que en general está mal equipado para hacer frente a esta clase de necesidades de protección", señaló.
El miércoles, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó que hacía seguimiento a la situación de cientos de migrantes que han sido deportados. Además, precisó que el pasado 5 de agosto ingresaron a ese país seis buses con alrededor de 360 salvadoreños y que, cuatro días después, se conoció la entrada de un aproximado de 90 a 120 personas de nacionalidad hondureña.
En la comunidad El Ceibo, en el municipio La Libertad, del departamento guatemalteco de Petén, fronterizo con México, estos inmigrantes expulsados deambulan sin medios de sustento.
Natalia Lorenzo, de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala en Petén, informó que el albergue para migrantes en El Ceibo está rebasado y que muchas de las personas optaron por caminar para tratar de regresar a sus países de origen, como Honduras.
"La gente está caminando sobre la carretera porque dicen que no tienen dinero para poder regresarse en bus a su país; fue una forma abusiva como los están dejando nada más en la frontera", declaró a AP.
Aumento de las detenciones
"No ha cambiado nada, siguen las deportaciones en caliente, sigue la patrulla fronteriza trabajando para deportar migrantes. Entonces no ha cambiado nada, ni en papel ni en la práctica, solo en el discurso hacia los medios de comunicación", dice, en entrevista con RT, Roxana Rodríguez, fundadora del grupo de investigación Estudios Fronterizos, al comparar la política migratoria del gobierno estadounidense de Joe Biden con la de Trump.
En junio, las autoridades de EE.UU. arrestaron a casi 189.000 migrantes sin documentos en la frontera sur del país. Se trata de un volumen mensual inédito en las dos últimas décadas, con un incremento del 4,5 % respecto al mes anterior.
Entretanto, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), en las primeras tres semanas de julio fueron detenidas 27.000 personas, superando los 22.000 que fueron aprehendidos en el mismo mes del año pasado, bajo la administración de Trump.
Aunque la administración Biden prometió que cualquier inmigrante que buscara asilo político en EE.UU. tendría la oportunidad de defender su caso ante una Corte estadounidense, organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian que esto no está ocurriendo y que se prolonga por mucho tiempo el tiempo de detención de los migrantes.
"Lo que hemos visto es que no se van a resolver (los casos) favorablemente y lo que sí hemos visto es que se están quedando mucho tiempo, muchos meses en encierro, más del que deberían estarse quedando. Puede ser que hayan llegado en mayo y que a la fecha todavía no les hayan dado una resolución", comentó Rodríguez.
De momento, Biden ha propuesto financiar 32.500 camas de detención para migrantes en su presupuesto, apenas una ligera reducción de las 34.000 financiadas por Trump.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró en una comparecencia reciente ante el Congreso que está preocupado por el uso excesivo de la detención y, además, prometió seguir revisando los centros de reclusión de inmigrantes que sean problemáticos.