Un escándalo sacude a Colombia tras la filtración de los contratos millonarios establecidos con Pfizer y AstraZeneca para la compra de las vacunas contra el covid-19. En el hecho se ha visto involucrado el Consejo de Estado, que asumió que había cometido un "error involuntario" al divulgarlos.
La polémica ocurre en medio de una batalla legal entre la ONG Instituto Anticorrupción y el abogado Ramiro Bejarano, que interpusieron dos tutelas ante un tribunal para que se difundiera la información sobre los contratos del Gobierno con las farmacéuticas, con la férrea oposición de estas, que argumentan que esto podría afectarlas y retrasar el Plan Nacional de Vacunación.
Tras la publicación de los contratos con las compañías que fabrican el antígeno, donde incluso pueden verse los precios de las vacunas, el Consejo de Estado pidió a la Fiscalía abrir una investigación para determinar cómo se filtró la data que debía mantenerse en confidencialidad.
Duque califica el hecho como "grave"
El presidente de Colombia, Iván Duque, catalogó de "grave" la filtración de estos datos y manifestó su esperanza de que ninguna compañía vaya a sancionar al país por lo ocurrido.
Aseveró que su Gobierno se encuentra "trabajando rápidamente con las farmacéuticas" para evitar que esto afecte el Plan Nacional de Vacunación, que comenzó en febrero de este año.
"No hay espacio para mezquindades, ni para avivatos, ni para saboteos. Aquí necesitamos todos que el Plan de Vacunación marche por el bienestar de todo el pueblo colombiano", insistió Duque.
El mandatario colombiano también expresó su preocupación porque se haya conocido públicamente "información confidencial", que sirve para "garantizar el cumplimiento de los contratos del suministro de las vacunas".
En descargo de su Gobierno, dijo que la confidencialidad de los contratos "nunca" han sido una "necedad ni una terquedad" sino que forma parte de "una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países".
Según sostuvo, los datos que se revelaron no fueron proporcionados por el Ejecutivo sino por un tercero: "No viene de nosotros, que fuimos los que firmamos en nombre del pueblo colombiano esos acuerdos".
1. ¿Qué hay en el documento filtrado?
En el contrato, que fue divulgado por el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, aparecen los precios de los antígenos. La vacuna de Pfizer habría sido vendida en 12 dólares, mientras que la AstraZeneca, en 6.
El país adquirió 15.000.570 de dosis Pfizer y 9.984.000 de AstraZeneca, lo que correspondería a 180.006.840 dólares y 59.904.000, respectivamente, según El Espectador.
2. ¿Cómo entender qué ocurrió?
En un comunicado del pasado 10 de agosto, el Consejo de Estado afirmó que en esa entidad se tramitaba una tutela contra de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le exigía al Gobierno entregar una copia de los acuerdos firmados con varias farmacéuticas para la adquisición de vacunas.
Así, en cumplimiento del fallo, "se decretó como prueba el envío de información relevante para la resolución del caso", entre la cual estaban los contratos. Estos datos fueron colgados en el Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado, donde podían ser consultados por cualquier ciudadano. Ya fueron eliminados.
3. El "error involuntario"
El Tribunal remitió la información haciendo la salvedad del "carácter reservado" de parte del material, donde se incluía el 'Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer export BV (pebv) y Fiduprevisora S.A.'.
Sin embargo, según expone el Consejo, al publicar los documentos en el Sistema de Gestión Judicial, se perdieron los "atributos de seguridad" y los datos pudieron ser conocidos por quien ingresara al portal.
"La presidencia el Consejo advierte que se trató de un error involuntario y que se adelantarán las investigaciones correspondientes", concluye.
4. ¿Cuáles acciones tomó el Consejo de Estado?
Tras el "error involuntario", en otro comunicado, el Consejo de Estado pidió al Consejo Superior de la Judicatura "el apoyo y acompañamiento" a la oficina de sistemas para realizar una auditoría "con expertos en seguridad informática" para conocer "la trazabilidad del mencionado proceso" y saber cómo "se rompió la cadena de custodia" de los documentos.
Del mismo modo, pidió la "intervención inmediata" de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que realicen las investigaciones correspondientes.
5. ¿Dónde se originó todo?
La batalla legal nació en mayo pasado, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que el Gobierno revelara los contratos firmados con los laboratorios, tras los recursos interpuestos en enero de este año por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y Bejarano, con el argumento de que "los colombianos tenían derecho a conocer las condiciones bajo las cuales se negoció la compra de vacunas".
A su vez, según explica El Tiempo, Janssen Cilag S.A, compañía farmacéutica de la estadounidense Johnson & Johnson (apoyada por AstraZeneca y Pfizer) presentó dos tutelas ante el Consejo de Estado en contra del fallo que favorecía a la ONG y a Bejarano, argumentando que los contratos eran reservados y que su publicación podría acarrear riesgos a las empresas y al plan de vacunación.
El Consejo de Estado, en julio de este año, revocó la medida cautelar y determinó sin lugar la petición del laboratorio estadounidense.
6. ¿Qué dice el Instituto Anticorrupción?
En un comunicado publicado en sus redes, el Instituto Anticorrupción asevera que estas acciones no comprometen el plan de inmunización nacional porque el contrato lo estableció el Gobierno, que admitió no haber incumplido con la cláusula de confidencialidad establecida con las compañías.
Del mismo modo, refiere que en otros países se han conocido los contratos por orden judicial o por filtración a los medios y esto no ha afectado el suministro de vacunas.
Finalmente, agrega que bajo los términos del documento establecido entre las farmacéuticas y el Estado, no es procedente que estas puedan cancelar unilateralmente el acuerdo tras una acción de terceros.