El exlíder del Cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, no será deportado a México el miércoles 18 de agosto, como estaba previsto tras cumplir una pena de casi diez años en una prisión de Pensilvania, EE.UU.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, confirmó que EE.UU. cambió el estatus de liberación de Arellano Félix, y por lo tanto, "no va a ser deportado" a la nación latinoamericana este miércoles.
"EE.UU. no tiene obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos es que cambió la condición del testigo", dijo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El canciller mexicano refirió que el cambio de condición podría deberse a que Arellano Félix, alias 'el Doctor', se habría convertido en un testigo protegido del Gobierno estadounidense, lo que explicaría que la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) actualizó el estatus de liberación del capo a "desconocido".
"Ya ha habido casos anteriores, es lo más probable", apuntó Ebrard.
El Cártel de Tijuana
'El Doctor' fue uno de los líderes del Cártel de Tijuana, también conocido como el clan de los Arellano Félix porque estuvo dirigido por los hermanos Ramón, Benjamín, Francisco, Eduardo, Javier y Rafael. Entre 1986 y 2002, la organización controló el tráfico de drogas entre EE.UU. y México, especialmente a través de las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, en Baja California.
En octubre de 2008, 'el Doctor' fue arrestado en Tijuana por las fuerzas de seguridad mexicanas y extraditado en 2012 a EE.UU., en donde tenía acusaciones de tráfico de estupefacientes y crimen organizado. Arellano se declaró culpable en octubre de 2013 por tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, y fue sentenciado a 15 años de prisión en el Complejo Correccional Federal Allenwood de Pensilvania.
El exlíder del Cártel de Tijuana se sometió a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y solo cumplirá nueve años de la pena impuesta en un principio.
Por su parte, el Gobierno mexicano no anunció ningún proceso abierto en su contra.