En octubre de 2019, Ecuador registró masivas protestas contra el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno por la eliminación del subsidio a los combustibles, entre otras medidas económicas, para dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según datos de la Defensoría del Pueblo, ese estallido social, que se prolongó desde el 3 al 13 de octubre de ese año , dejó un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos. Además, una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) concluyó que el Estado es responsable de represión y violaciones de derechos humanos durante esas manifestaciones.
Pocas semanas después, comenzaron en Bolivia violentas movilizaciones en rechazo al triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales, que derivó en un golpe de Estado el 10 de noviembre y la instauración de un régimen de facto, liderado por Jeanine Áñez, que, apenas instalado, registró masacres contra el pueblo que se oponía a la nueva administración.
En el informe 'Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019', de la Defensoría del Pueblo, se evidencian al menos cuatro matanzas tras la salida de Morales —y por las cuales el Ministerio de Justicia pide "una condena de 30 años" contra Áñez— ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz.
Las autoridades actuales hablan de 38 muertos por las represiones; y en octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un informe que señala que 27 de los caídos fueron por impactos de bala —de calibre 22, 5,5 y 7,62—. Asimismo, afirma que 861 personas resultaron heridas.
Además, a mediados de agosto de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final en el que confirmó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino durante las jornadas de protesta de 2019.
Por otro lado, a finales de abril de 2021, las protestas antigubernamentales se avivaron en Colombia, en contra de una reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque y otras demandas sociales.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se registraron al menos 80 homicidios en el marco de las protestas. Además, la ONG denuncia que la mayoría de estas víctimas son responsabilidad de los agentes de seguridad del Estado.
Sobre la represión estatal que se ha evidenciado en las protestas de estos tres países, este año salió a la luz una conexión, que además de a Ecuador, Bolivia y Colombia, también involucra a Argentina y Perú. Se trata de la cooperación entre estas naciones para el envío de armas y municiones que, presuntamente, fueron usadas por las fuerzas de seguridad estatales contra los manifestantes.
El caso se destapó en Bolivia. Las autoridades actuales revelaron que la administración de Moreno en Ecuador y la de Mauricio Macri en Argentina enviaron material bélico y gases lacrimógenos al gobierno de facto de Áñez.
Desde Argentina, se habrían enviado 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC, según una carta que hizo pública el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en la que el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara le agradecía al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez García.
El gobierno de @mauriciomacri proveyó por debajo “material bélico” al régimen de facto de @JeanineAnez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza. Las masacres de #Sacaba y #Senkata no pueden quedar en la impunidad. pic.twitter.com/8UnTodJVDK
— Rogelio Mayta (@RogelioMayta_Bo) July 9, 2021
Mientras, desde Ecuador se enviaron 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, de acuerdo con un informe enviado por la ministra ecuatoriana de Gobierno, Alexandra Vela, a la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.
"Existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano", señaló el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, el pasado 19 de julio.
Pero, además del envío a Bolivia, se conoció luego que Colombia y Perú también prestaron armamento a Ecuador "en las jornadas de octubre de 2019", según dijo la comandante General de la Policía, Tanya Varela.
De acuerdo con el informe enviado por Vela al Parlamento ecuatoriano, desde Colombia enviaron a Quito elementos antidisturbios, incluyendo 19.150 cartuchos de gas CS 37 y 40 milímetros, granadas de gas, granadas multiimpacto CS/OC y fusil lanza gas cóndor. Por su parte, desde Perú mandaron granadas y cartuchos lacrimógenos (7.000), así como perdigones de goma (5.000).
Entretanto, el pasado 10 de mayo, 14 días antes de dejar el poder, el gobierno de Moreno envió a Colombia, sumido en las protestas que habían iniciado el 28 de abril, 5.500 granadas de gas lacrimógeno "de triple acción", 9.500 proyectiles de largo alcance lacrimógeno al 37/38 milímetros, 12.500 proyectiles de corto alcance lacrimógeno al 37/39 milímetros y 7.500 cartuchos de propulsión de carga múltiples.
El "plan continental" al que se refiere el funcionario boliviano ha sido denominado "Plan Cóndor II" por algunos especialistas, entre ellos el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão, para traer a colación el "Plan Cóndor" u "Operación Cóndor", la represiva y coordinada maniobra llevada a cabo por las dictaduras de Suramérica en las décadas de 1970 y 1980 contra los opositores.
"Hacer una referencia al Plan Cóndor tiene apenas una intencionalidad simbólica de recuperar una práctica de coordinación regional para la represión que revive los peores traumas históricos de nuestra región", dice Abrão, en entrevista con RT.
En este sentido, aclara que "no se trata de intentar comparar realidades o contextos históricos", pero sí de "identificar el elemento de continuidad, en la lógica de generarse en el presente un tipo de articulación entre áreas de seguridad de los países con fines políticos y con consecuencias de erosión democrática".
El exsecretario ejecutivo de la CIDH señala que no es un tema fácil, ya que se trata de posibles graves violaciones a los derechos humanos "vinculadas por esa práctica de cooperación regional para la represión"; una cuestión que, dice, ya se creía haber "superado" en la región hace varias décadas.
"La gravedad del tema pasa por esta ideología de querer articular por razones políticas acciones que tienen que ver con resultados represivos vinculados al mantenimiento o la toma de poder dentro de los países. Eso es algo que pensábamos haber superado históricamente, pero desafortunadamente fue recuperado", enfatiza.
Abrão explica que los Estados legítimamente tienen derecho a cooperar en materia de transferencia de tecnología, promoción de buenas prácticas de formación de sus órganos de seguridad o perfeccionamiento de protocolos que tengan como finalidad fomentar la seguridad ciudadana; pero es ilegítimo cuando "un gobierno solicita ayuda de los Estados con el objetivo de recaudación de armas, de material bélico, para control social o para realizar operativos que tienen que ver con represión y que tiene consecuencias en la violación de los derechos humanos".
"El uso de la cooperación para fines de represión y con motivaciones políticas de sustentación de determinados grupos en el poder no tiene ningún fundamento en ninguna legislación, ningún tratado, ninguna convención", recalca.
El extitular de la CIDH manifiesta su preocupación, además, porque quienes han sido protagonistas de ese proceso de coordinación de envío de armas, que presentan como justificación que "habría intentos, con motivaciones políticas, para promover desestabilización dentro de esos países".
"Eso suena a la vieja doctrina de la seguridad nacional, el viejo macartismo que se dirige a su pueblo, a sus movimientos sociales, a su sociedad civil organizada como una especie de enemigo interno", menciona.
Abrão aboga porque estas prácticas sean repelidas de manera contundente, a fin de evitar que sean incorporadas como una nueva normalidad aceptable en materia de cooperación regional en Latinoamérica.
Enfatiza que la región, a partir de la experiencia con las dictaduras de hace varias décadas, se destaca por haber logrado construir estándares y jurisprudencia que son referencias internacionales en materia de derechos humanos y ha definido culturalmente una contraposición al terrorismo de Estado, a la cooperación para la represión, a la persecución política, rechazando todas la formas de autoritarismo y de opresión.
"Nosotros tenemos un legado que preservar", señala el entrevistado, e insiste en que es "inadmisible" que no haya consecuencias públicas, comenzando con las investigaciones respectivas, sobre este precedente que han sentado Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Perú.
En Argentina se abrió una causa en la que fueron imputados el expresidente Macri, el exembajador argentino Álvarez García, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
En Ecuador, en junio pasado, el asambleísta Fausto Jarrín presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Moreno y su exministra de Gobierno María Paula Romo. De momento, se adelanta la investigación en la Comisión de Soberanía del Parlamento.
"Hay que exigir que la Justicia de Ecuador también responda, el Estado de derecho en Ecuador está en juego", comenta Abrão.
Además de los procesos judiciales al interno de cada país, el extitular de la CIDH indica que los foros internacionales deberían estar discutiendo públicamente estos hechos.
"Los organismos internacionales deberían, en este momento, revisar el tema y también enviar mensajes a estos países que han creado estas situaciones, en el sentido de rechazar que estas prácticas puedan repetirse o, quizás, aprender con esta lección y generar fortalecimiento en sus normativas internas, para explicitar la prohibición de cooperación para la represión", manifestó.
A Abrão le causa inquietud el que pueda existir algún tipo de "interés" para que no se quiera dar visibilidad a la gravedad de este asunto. "Puede ser que se abra una caja de pandora que podría demostrar otras prácticas similares en la región en el enfrentamiento de situaciones complejas", dice.
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