El 'garimpo', como se conoce en Brasil a la minería artesanal, normalmente ilegal, aumentó un 495 % en tierras indígenas y un 301 % en las unidades de conservación entre 2010 y 2020, según un estudio realizado por la organización MapBiomas y presentado este lunes.
Según este trabajo, que es el resultado de imágenes satelitales e inteligencia artificial, mientras que entre 1985 y 2009 el ritmo de crecimiento de la minería ilegal era de 1.500 hectáreas por año, a partir de 2010 llegó hasta las 6.500 hectáreas anuales.
Las tierras indígenas más afectadas son las de kayapó y munduruku, en el estado de Pará, y las de los yanomamis, en la Amazonía y Roraima. Además, de las diez unidades de conservación donde se registró más actividad ilegal, ocho se encuentran en Pará, y las tres mayores son Tapajós, Flona do Amaná y Parna do Rio Novo.
"La actividad 'garimpeira' en tierras indígenas y unidades de conservación constituye un crimen que necesita ser combatido", comentó César Diniz, parte del equipo de MapBiomas.
Diniz recordó que la minería ilegal genera una gran cantidad de sedimentos que se envían a los ríos y que, en general, la forma de obtener el oro es a través del metilmercurio, un compuesto tóxico capaz de acumularse en los organismos vivos y causar efectos adversos serios, incluidos daños al sistema nervioso central.
"En otras palabras, la minería genera un problema para quienes minan, para quienes viven de los ríos e incluso para quienes no han estado cerca de la mina, porque la contaminación por mercurio puede afectar el pescado vendido en los mercados", añadió.
Falta de fiscalización
El especialista también hizo hincapié en que la falta de fiscalización de los órganos públicos es el principal factor que ayuda a la proliferación de la minería ilegal en la Amazonía.
Por otro, el informe revela que el área de minería, que incluye el 'garimpo' y la minería industrial, legal e ilegal, creció seis veces en 35 años y pasó de 31.000 hectáreas en 1985 a 206.000 hectáreas en 2020, un aumentó de 564 %. Concretamente, la Amazonía concentró el 72,5 % de toda la extracción minera del país.
Las organizaciones medioambientales consideran que el avance de estos últimos años se debe a las políticas del presidente Jair Bolsonaro, quien desde el comienzo de su mandato se ha mostrado contrario a la demarcación de tierras indígenas y ha sido partidario de abrir las zonas protegidas a la agricultura y a la minería.
De hecho, en la actualidad, prosperan en el Congreso varias iniciativas legislativas de enorme interés para la "bancada ruralista", grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio, y cuyo apoyo fue fundamental en la llegada al poder de Bolsonaro.
Estas propuestas buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta y agudizar los conflictos crónicos en la zona.