El contralor general de Bolivia, Henry Ara Pérez, indicó este lunes que la Organización de Estados Americanos (OEA) incumplió con el convenio suscrito con el Estado boliviano para realizar la verificación de supuestas actas "fraudulentas" para las elecciones generales de 2019, pues el organismo se limitó publicar "un muestreo" cuando tenía que hacer una auditoría con base en parámetros nacionales e internacionales.
"Podemos establecer que esto no es una auditoría", dijo el contralor en declaraciones a La Razón Radio —reseñadas por la Agencia Boliviana de Información (ABI)—, en referencia al documento presentado por la OEA sobre las elecciones de noviembre de 2019. Además, Ara Pérez indicó que el documento no tiene rigurosidad científica, pues "se basa en conjeturas y no en calidad de prueba competente y suficiente".
Asimismo, recalcó que el informe carece de lo requerido por las normas nacionales e internacionales, no cumple con el objetivo de examinar las actas de cómputo electoral y no ofrece datos estadísticos. "El Convenio establecía que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas. Por la lectura de todo el informe, no han verificado las actas", explicó.
Ara Pérez añadió que el texto emitido por el organismo tampoco cumple "con lo solicitado en el convenio" suscrito con la Cancillería boliviana y no demuestra si hubo actas presuntamente "fraudulentas".
La declaración del contralor obedece a una petición que hicieron la Procuraduría y la Asamblea Legislativa boliviana a su despacho, para que realizara una evaluación y emitiera un "pronunciamiento técnico" sobre el informe presentado por la OEA, que en 2019 concluyó que se habrían cometido actos fraudulentos en las elecciones que había ganado el entonces presidente Evo Morales.
Revisión de las actas cuestionadas
La evaluación de la OEA en 2019 generó una crisis política y social interna en Bolivia, con violencia, persecución, asesinatos y crímenes en las calles, que se decantaron en el golpe de Estado contra Morales y la instauración del régimen de facto de Jeanine Áñez.
A mediados de agosto, el fiscal general de Bolivia, Edwin Quispe, acusó a la OEA de querer llevar al país andino "a un campo de conflictividad", mientras su secretario general, Luis Almagro, intentaba deslindarse de su presunta vinculación del golpe de Estado.
En esa misma línea, el procurador general del país andino, Wilfredo Chávez, acusó al organismo internacional de estafar al país en las elecciones de 2019, al considerar que no hubo una auditoría real.
Además, adelantó que para rebatir el informe de la OEA y "derrotar" la teoría de las presuntas irregularidades, solicitaría la revisión de las 35.000 actas cuestionadas que tiene digitalizadas el Tribunal Supremo Electoral.