La Cámara de Diputados de México aprueba la ley de juicio político: ¿cuáles son sus puntos más relevante y polémicos?

Con el aval del oficialista Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados de México aprobó por mayoría la iniciativa de ley que regula el proceso para proceder en contra de los servidores públicos, incluido el presidente de la nación.

La madrugada del jueves, la cámara baja aprobó por mayoría —266 votos a favor y 205 en contra— la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que abroga la legislación de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El proyecto pasó al Senado para su discusión. 

La iniciativa plantea que el presidente pueda ser juzgado por traición a la patria, conductas ilícitas electorales, actos de corrupción y otros delitos graves del orden común.

Además del Ejecutivo, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia también permite juzgar a los gobernadores de los estados, a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales.

Hasta treinta años de inhabilitación

Para proceder, el Ministerio Público debe presentar la solicitud, junto con una copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación en contra del presidente. 

El paso siguiente corresponde a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la cual calificará las pruebas y decretará si procede la solicitud del Ministerio Público.

Si continúan con el caso, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado. Debe lograrse una mayoría calificada en los dos órganos. 

El ordenamiento legal estipula que el juicio político contra los servidores públicos puede iniciarse durante el desempeño de su cargo o hasta un año después de la conclusión de sus funciones.

Si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, el servidor público será destituido. Además, el funcionario podría ser inhabilitado desde diez hasta treinta años.

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Congresos estatales

Un cambio importante en la ley aprobada es que obliga a los Congresos locales a respetar la determinación de la Cámara de Diputados.

Esto es relevante a raíz del proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados, con el aval del oficialista Morena y sus aliados, aprobó por mayoría el desafuero del gobernador tamaulipeco por su probable responsabilidad "en el ilícito de defraudación fiscal equiparada". 

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas se reunió horas después y votó un acuerdo que establecía que no procedía la declaración de la Cámara de Diputados y que no daba lugar a "retirar la protección o inmunidad procesal penal" del gobernador. 

Críticas de la oposición

La reforma fue criticada por las bancadas de la oposición. La diputada Kathia Bolio Pinelo, del PAN, señaló que la nueva ley resta autonomía a los Congresos estatales, al obligarlos a acatar las resoluciones. 

Por su parte, la diputada Ana Lilia Herrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que esta ley podría ser usada como una herramienta de persecución política. 

El Senado incluyó en su agenda del jueves el trámite de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Por la tarde, la cámara alta declaró un receso para continuar con la discusión.

Se prevé que los legisladores discutan la mencionada ley al retomar la sesión.