Las escenas son dantescas: guardias armados que golpean con saña a migrantes que yacen tirados en el piso, que empujan a hombres y mujeres con bebés en brazos y a personas con discapacidades, que jalonean a madres angustiadas porque no encuentran a sus hijas, que detienen a niños. Que los persiguen armados.
O que los meten a las "perreras", los vehículos-jaula en donde son detenidos para ser deportados y cuyo nombre es una más de las humillaciones que sufren miles de personas que fueron expulsadas de sus países por violencia política o económica, y que intentan tener una vida mejor en México o en EE.UU. Hoy están siendo reprimidos.
Las imágenes se han repetido durante la última semana en Chiapas, el estado del sureste mexicano, en donde los migrantes ya realizaron cuatro caravanas que fueron frenadas con violencia por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migraciones (INM).
El 28 de agosto iniciaron la primera marcha. A los dos días fue la segunda. El jueves pasado, la tercera. Y el domingo realizaron el cuarto intento. Participan haitianos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos. Familias completas. Madres con sus hijos. Niñas y niños que viajan solos.
En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: agresiones, persecuciones y detenciones y deportaciones en masa. En los operativos hay discriminación, racismo y xenofobia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) ya denunciaron los riesgos que entraña esta estrategia.
Contradicciones
"Resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional", señalaron las organizaciones internacionales en un comunicado.
Se refieren a una grabación en la que se ve cómo un agente del Instituto Nacional de Migración patea en la cabeza a un migrante que está en el suelo. El organismo suspendió a dos de sus funcionarios, pero esta era apenas la primera caravana, la del 28 de agosto. La violencia se ha replicado en las otras tres marchas que hubo durante la semana. Las corridas, amenazas y persecuciones son la norma.
"En México ya no se violan los derechos humanos", presumió el presidente Andrés Manuel López al dar su tercer informe de Gobierno el pasado miércoles. Las imágenes de lo que ocurre en Chiapas lo contradecían. También contrastaban con las fotos y comunicados en los que la cancillería mexicana se jactaba de haberle dado refugio a 390 personas de Afganistán en la última semana.
Porque lo que piden los miles de migrantes que están hacinados en Chiapas es precisamente refugio, asilo o residencia para poder radicarse en México, algunos con la intención final de llegar a EE.UU. En lugar de eso, los mantienen retenidos en Tapachula. La han bautizado "la ciudad cárcel".
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en los primeros ocho meses de este año se recibieron más de 65.000 solicitudes refugio. Triplican los pedidos de 2020. La mayor parte, alrededor de 45.000, se radican en Tapachula.
Una vez iniciado el trámite, los migrantes tienen prohibido salir de la ciudad. El problema es que la resolución tarda tanto que quedan atrapados, sin trabajo, sin casa, sin medios para sobrevivir, en muchos casos sin documentos, y con una mochila como toda pertenencia.
La desesperación los llevó a protestar y a iniciar las caravanas que han sido reprimidas desde hace ya dos años con la intención de detener el flujo de migrantes a EE.UU., ya que es parte de los acuerdos pactados por López Obrador con el expresidente Donald Trump.
En esta ocasión destaca la presencia de ciudadanos de Haití, el país más pobre del Continente, pero también hay diversas nacionalidades latinoamericanas que se topan con la política que puso en marcha el Gobierno mexicano para frenar en la frontera sur las oleadas migratorias que, en algunos casos, buscan atravesar el país para llegar a la frontera norte.
Denuncias
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado en varios comunicados la violencia estatal cometida esta semana en contra de personas que están realizando desplazamientos colectivos y forzados. Es decir, en contra de quienes ya son víctimas.
Desde el 28 de agosto, señala en uno de los escritos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.
"En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso. Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales", advierte.
También demandan ayuda humanitaria urgente para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que ya llevan varios días caminando durante largas horas, sin suficiente agua ni comida ni atención médica.
Al reiterar el abuso de poder y las políticas represivas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del INM, exigen el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones que impactan de manera particular en personas que salieron de sus países buscando protección y una vida digna.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y otras organizaciones ya iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular después de la redada que este domingo padecieron las personas migrantes que dormían en la ciudad de Huixtla, también en Chiapas, hasta donde habían logrado avanzar desde Tapachula.
"Exigimos enérgicamente alto Inmediato a la Violencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional, alto Inmediato a la Violencia sobre quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos, informamos que se ha interpuesto un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados", señalo la organización.
Mientras tanto, la crisis en la frontera sur de México continúa con las miles de personas migrantes que siguen en Tapachula y que evaden los operativos que buscan expulsarlos a Guatemala.