El colectivo LGTBI+ de España ha vivido 48 horas entre el miedo y la incredulidad, después de que un joven gay denunciara que había sido asaltado a plena luz del día en el portal de su casa, en el madrileño barrio de Malasaña, por ocho desconocidos encapuchados que le mutilaron el labio y escribieron en su cuerpo con un cúter la palabra "maricón".
La denuncia ha resultado ser falsa, al menos según los términos en los que fue formulada. Al parecer las heridas se produjeron en un contexto de sexo consentido con otros dos hombres, aunque no está claro si accedió voluntariamente a que le realizaran los cortes en el glúteo. Sin embargo, el suceso ha provocado un gran revuelo político con múltiples reacciones: por un lado se señaló al discurso del odio que denuncian que enarbola el partido de extrema derecha Vox, mientras que desde esta formación se aseguró que detrás de esta agresión se encontraban inmigrantes.
Este martes, incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba de urgencia para este viernes una reunión de la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, antes de conocer que la denuncia de Malasaña era falsa. Ayer el consejero de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, informaba de que hay constancia de la existencia de grupos de gente "que quedan para salir a cazar" a personas homosexuales.
A pesar de la polémica que ha levantado este caso por la inexistencia de ese grupo enmascarado y encapuchado a la caza de personas LGTBI+, lo cierto es que en el país se tiene la percepción de que este tipo de agresiones ha aumentado considerablemente de manera cualitativa y cuantitativa, según cuenta el secretario de Organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Iñaki Paredero.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en España los delitos de odio por la orientación sexual y la identidad de género han crecido en el primer semestre de este año un 43 %. Si bien es cierto que en 2020 prácticamente todos los tipos de delitos se redujeron debido al confinamiento de la población por la crisis sanitaria del coronavirus, con respecto a 2019 el aumento roza el 10 %, un crecimiento sostenido desde 2016, según denuncian organizaciones del sector.
Oleada de ataques
Después del polémico episodio que conmovió a la opinión pública española sucedido en Malasaña, se han conocido otros dos ataques relacionados con la LGTBIfobia: uno en Valencia contra un chico trans que utilizó vocabulario de género neutro y otro en Toledo, donde un joven gay fue agredido en unas fiestas patronales.
Hace dos meses, el 3 de julio, ya saltaron todas las alarmas cuando Samuel Luiz, de 24 años, murió por los golpes que le propició una marabunta de personas que lanzaron comentarios sobre su orientación sexual. Entonces la ciudadanía salió a la calle para mostrar su repulsa ante un crimen tan cruel.
Una semana antes un hombre había agredido a un matrimonio homosexual con una porra extensible al grito de "maricones" también en A Coruña. A principios de junio, en Vilagarcía de Arousa, un menor sufrió una agresión mientras paseaba con su pareja que le dejó una rotura maxilar y varios hematomas.
A finales de mayo, dos hombres atacaron a dos parejas de homosexuales en la playa de Barcelona. Uno de ellos fue ingresado en el hospital y operado de urgencia por heridas graves. Durante ese fin de semana se registraron otros dos ataques homófobos en la misma ciudad.
A principios de mayo, 13 chicos amenazaron a un joven en Basauri, en el País Vasco, si no se marchaba de un parque. No se marchó y acabó en el hospital tras ser agredido por todos ellos.
Son solo una muestra de los casos más mediáticos que han jalonado la actualidad española en los últimos meses. La sensación que tienen los miembros del colectivo LGTBI+ es que la violencia contra ellos no solo ha aumentado, sino que se ha vuelto más virulenta.
Viviendo con miedo
En España, el 48 % de las personas pertenecientes a este colectivo evita coger de la mano a su pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones, según los datos de un estudio basado en una macroencuesta a 140.000 personas de 30 países realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE), que publicó en mayo del año pasado, coincidiendo con el 30 aniversario de que la homosexualidad dejara de ser considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la salud (OMS).
Desde entonces la sensación de inseguridad ha aumentado, según apuntan desde organizaciones en defensa de la diversidad afectivo-sexual y según expresan muchas personas en las redes sociales. "En el colectivo se sienten más inseguros, debido a los discursos de odio que se están vertiendo y a la virulencia de algunos casos muy brutales, como el de Samuel Luiz", cuenta Paredero.
En España un 8 % asegura haber sufrido un ataque directo en los últimos 5 años (la media europea es del 11 %). Asimismo, el 38 % de los europeos reporta haber recibido insultos, amenazas o persecuciones en los últimos 12 meses, frente al 41 % en España.
Este tipo de delitos se encuentran infradenunciados y los motivos, según esta macroencuesta, son que se piensa que nada cambiaría, que la víctima no quiere revelar su orientación o identidad sexual o creer que no serían tomados en serio por las autoridades.
El estudio también recoge que en el ámbito laboral el 17 % se han sentido discriminados (20 % de media europea), mientras que el 90 % de los encuestados de todos los países han presenciado comportamientos o comentarios homófobos en centros educativos, lo que explicaría por qué el 66 % de los españoles evitaron 'salir del armario' antes de la mayoría de edad.
Según los datos del Ministerio de Interior en España, entre 2013 y 2019 aumentaron un 45 % los delitos de odio. Las infracciones relacionadas con la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género aumentaron en 2019 un 10 % comparado con 2018. En 2020, con el confinamiento domiciliario por medio, se contabilizaron 277 infracciones penales.
Las cifras que maneja la FELGTB son mucho mayores, aunque muestran la misma tasa de aumento. "Tenemos más casos, la gente denuncia más en los observatorios que ante la Policía, porque hay una mayor cercanía y la percepción de que se va a entender la realidad. Pero en ambos lados el aumento es similar", relata Paredero. Se calcula que solo se denuncian el 7 % de los delitos de odio contra este colectivo.
El contexto: la espiral del silencio
Durante los últimos tiempos se ha nombrado reiteradamente la espiral del silencio, una teoría de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, que argumenta que los individuos se ven influenciados por las posiciones que asumen como mayoritarias en la sociedad, de tal manera que modulan su comportamiento.
El propio consejero de Interior catalán aludía hoy a esta teoría: "Hay una cierta permisibilidad en el menosprecio a la diferencia y eso anima a determinados colectivos a dar un paso más. Es un caldo de cultivo para que estas cosas pasen", afirmaba Elena al hablar sobre los grupos organizados para realizar agresiones homófobas.
También Paredero sostiene esta tesis: "Antes gente con posiciones contrarias a la diversidad no las verbalizaba y expresaba, pero cuando hay discursos que las legitiman públicamente, hacen que otras personas puedan expresarlas también". Asegura que el señalamiento de grupos vulnerables acaba teniendo consecuencias.
Así, son muchos los que señalan que el discurso que ha entrado en las instituciones de la mano de Vox puede estar detrás de que algunos individuos hayan decidido dar ese "paso más", al sentir legitimadas sus posiciones. De esta opinión es el secretario de Organización de la FELGBT: "En las redes sociales se está alimentando los discursos de odio y desde las instituciones también. Los casos llevan aumentando desde 2016 pero no había un debate público abierto fuerte sobre este tema, sino que cuando hay un caso más significativo más gente empieza a hablar y a contar cosas que han vivido", sostiene.
Vox en contra de la igualdad de derechos
Son muchas las afirmaciones y posturas polémicas salidas de las filas de Vox desde que entrara en parlamentos regionales y en el nacional hace ya casi tres años.
En enero de este año Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso afirmaba: "Hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley", en declaraciones recogidas por diferentes medios, como El Plural. El año anterior propusieron que la celebración del Orgullo Gay saliera del centro de la capital porque molestaba a los vecinos y ofrecía un espectáculo que no era apto para niños.
Además, las alusiones a la relación entre homosexualidad y pederastia han sido frecuentes, así como su oposición a los matrimonios igualitarios o a que parejas del mismo sexo pudieran adoptar. El propio líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que solo es partidario de estas adopciones en el caso de niños a los que no quiera nadie.
Desde la formación de extrema derecha se defienden alegando que no son una formación homófoba y este miércoles Espinosa de los Monteros ha reiterado una amenaza que ya habían realizado hace tiempo, la de que "llevará a los tribunales a cualquiera que pretenda vincular al partido con actos violentos".
A pesar de ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que "hay una relación evidente" entre ciertas declaraciones y acciones de discriminación o violencia. "No podemos hablar de una sociedad y de una democracia plena mientras haya tanta gente en nuestro país que siga teniendo miedo y que sigue sufriendo discriminación por ser quien es", ha sostenido en un video difundido en las redes sociales.
No ha sido la única que ha hecho caso omiso a las advertencias del portavoz de Vox, sino que se ha producido una cascada de comentarios en las redes de personas que han afirmado que ellos sí vinculan el discurso lanzado por la formación ultra y el clima de agresividad contra el colectivo LGTBI+.
Lo cierto es que las políticas implementadas o fomentadas por Vox son contrarias a la visibilización del colectivo LGTBI+. Así, una de sus medidas estrella es el pin parental, que ha conseguido implementar en la región de Murcia a cambio de su apoyo al Gobierno regional. Se trata de un veto con el que los padres pueden evitar que sus hijos sean formados en materia de igualdad y en el respeto a todas las orientaciones sexuales.
Asimismo, durante el mes del Orgullo de este año se ha posicionado en contra de que los Ayuntamientos colgaran la bandera arcoiris en sus fachadas, incluso llevando a alguno de ellos a los tribunales. Según su portavoz, Jorge Buxadé, esa enseña suponía "la imposición totalitaria de las opiniones de unos pocos" que representan a "una oligarquía que quiere poner fin a nuestro orden social".
Además, han llamado la atención las declaraciones del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, tras la denuncia de la agresión de Malasaña en las que condenaba el ataque utilizando el señalamiento del colectivo migrante.
Las palabras de Ortega Smith han sido duramente criticadas por políticos de otros partidos, como la diputada socialista Adriana Lastra, que ha afirmado que "el problema no es el origen, es la homofobia. La homofobia y los discursos de odio que preceden a los delitos de odio".
La paradoja española, líder en avances sociales
Durante las últimas dos décadas España se ha convertido en un país referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+. En 2005 se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario y desde 2007 cuenta con leyes a favor del colectivo trans. De hecho, uno de los grandes proyectos del Ministerio de Igualdad es sacar adelante la 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI+', aprobada en el Consejo de Ministros el 29 de junio y pendiente de trámite parlamentario.
A pesar de los avances legislativos, desde la FELGTB piden que se trabaje en cuatro aspectos. A nivel político, solicita que se condenen los discursos de odio, no solo los delitos, porque los considera el germen de la violencia, explica Paredero; que la Policía tenga una mayor formación y especialización para tratar la violencia contra los grupos vulnerables; que también haya más formación y sensibilización en la judicatura; y la revisión del delito de odio.
Sobre este último punto el secretario de Organización de la FELGTB afirma que tal y como está diseñado en España no protege a los grupos vulnerables, porque no se ha determinado específicamente cuáles son esos grupos y da lugar a que se utilice para cualquier cosa.
Tras las últimas agresiones, COGAM, el colectivo LGTBI de Madrid, ha convocado una concentración este sábado, 11 de septiembre, a las 19:00 horas en la Puerta del Sol, bajo el lema 'Nos están matando' y con los hashtag #NiUnaMás #StopLGTBIQfobia.
Nuria López
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